Los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III muestran una situación especialmente crítica: junio de 2025 ha sido el mes más mortífero en España desde que hay registros, con 409 muertes por temperaturas extremas, de las cuales 380 se atribuyen directamente al calor.

En Castilla y León, las olas de calor han provocado 59 muertes entre el 16 de mayo y el 13 de julio, frente a las nueve del mismo periodo del año anterior. En la provincia de Ávila, el pasado verano se registraron 25 fallecimientos por calor y, solo entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2025, ya se han contabilizado cinco.

Amenaza frecuente
CCOO ha advertido que trabajar bajo condiciones de calor extremo supone un grave riesgo para la salud, especialmente para quienes desempeñan sus funciones al aire libre. “El aumento de las temperaturas no solo complica el desarrollo de determinadas tareas, sino que pone en riesgo la vida. El calor es un riesgo laboral reconocido y, como cualquier otro, debe prevenirse”, ha recordado la organización.

Los golpes de calor pueden provocar síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad o visión borrosa, y en casos graves derivar en convulsiones, coma o muerte. Además, la exposición prolongada a altas temperaturas puede causar trastornos cardiovasculares, erupciones, agotamiento físico y disminución del rendimiento cognitivo.

Responsabilidad empresarial
Desde el sindicato se insiste en la necesidad de que las empresas asuman su responsabilidad ante esta realidad climática. “Es fundamental que se adapten a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático, evaluando el riesgo térmico, adoptando protocolos y medidas preventivas eficaces, adaptando y/o reduciendo jornadas cuando sea necesario, protegiendo a sus plantillas ante las alertas meteorológicas y garantizando una información y formación adecuadas”, señalan desde CCOO.

El sindicato critica la falta de previsión y voluntad que, en demasiadas ocasiones, deriva en situaciones evitables, y advierten de que “no se puede normalizar que trabajar suponga poner en riesgo la salud o la vida".