Según la propuesta remitida al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, estas plazas son consideradas en unos casos “imprescindibles” y en otros “prioritarias” para agilizar la administración de justicia y adecuar la planta judicial a la carga real de litigiosidad.

En el caso de Castilla y León, el informe aprobado por el pleno del CGPJ detalla que de las 13 nuevas unidades judiciales solicitadas para la comunidad, cuatro tienen carácter prioritario. Estas plazas están distribuidas entre órganos judiciales civiles, penales y mixtos en diferentes provincias, como León, Valladolid, Burgos o Salamanca, y también incluye una en Ávila.

“La plaza judicial en la Sección Civil y de Instrucción en el Tribunal de Instancia de Ávila se considera imprescindible”, señala el documento, en una reivindicación que reconoce la necesidad de reforzar los recursos judiciales en la provincia para atender adecuadamente a la ciudadanía y reducir los tiempos de tramitación de los procedimientos.

Plazas propuestas

El reparto de las 13 plazas solicitadas para la Comunidad autónoma es el siguiente: Tribunal de Instancia de Burgos, una plaza judicial en la Sección Civil (imprescindible); Tribunal de Instancia de León, una plaza judicial en la Sección Penal (imprescindible), una plaza en la Sección Mercantil, mediante la transformación del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de León (imprescindible); Tribunal de Instancia de Salamanca, una plaza en la Sección Civil (imprescindible); Tribunal de Instancia de Valladolid, dos plazas en la Sección Civil (ambas imprescindibles, una de ellas prioritaria); Tribunal de Instancia de Aranda de Duero, una plaza en la Sección Civil y de Instrucción (imprescindible y prioritaria); Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro, una plaza en la Sección Civil y de Instrucción (imprescindible y prioritaria); Tribunal de Instancia de Ávila, una plaza en la Sección Civil y de Instrucción (imprescindible); Tribunales de Instancia de Palencia, Segovia, Soria y Zamora, una plaza en cada una de las secciones civiles y de instrucción correspondientes (todas imprescindibles).

La propuesta elaborada por el CGPJ responde a las exigencias de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que establece nuevas medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia y transforma la organización tradicional de los juzgados hacia un modelo de tribunales de instancia.

El pleno ha aprobado una propuesta priorizada de necesidades de incremento de la planta judicial en la que cifra en 509 nuevas unidades judiciales las que se consideran imprescindibles para agilizar la actividad de juzgados y tribunales.

Petición al Ministerio de Justicia

La propuesta será enviada al Ministerio de Justicia para que sea tenida en cuenta en la programación del desarrollo de la planta judicial correspondiente a 2025. Para su elaboración, el CGPJ ha considerado los informes de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de Justicia y el propio Servicio de Inspección del Consejo.

En el conjunto nacional, destaca también la petición de refuerzos significativos en comunidades como Cataluña (109 plazas), Andalucía (86), Madrid (75) y Canarias (38), así como la necesidad de incorporar 40 jueces y juezas de adscripción territorial, 30 de los cuales son considerados prioritarios.