La controversia surge tras la reunión entre representantes autonómicos celebrada recientemente en la que se discutió el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, un documento que debe presentarse a la Unión Europea antes del 31 de julio. Según Quiñones, el proceso ha estado marcado por "oscurantismo y falta de transparencia" por parte del ejecutivo central, con el objetivo de impedir que las comunidades autónomas recuperen la gestión de la especie.

Además, Quiñones ha denunciado un trato "desconsiderado e intolerable" hacia los responsables de medio ambiente de diversas comunidades autónomas por parte del personal del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta situación ha motivado una carta conjunta al Ministerio de Transición Ecológica en la que se expresa el malestar y se solicita la dimisión de Hugo Morán. 

El consejero ha insistido en la urgencia de devolver a las comunidades autónomas la capacidad de gestionar el lobo. Concretamente, el pasado año se registraron alrededor de 6.000 muertes de ganado atribuidas a ataques de esta especie, en su mayoría en la provincia de Ávila. 

La gestión del lobo ha sido un tema polémico desde que el Gobierno central incluyó la especie en el régimen de protección LESPRE, aunque en el mes de mayo el Parlamento Europeo aprobó modificar que el lobo pase de “estrictamente protegido” a solo “protegido”, incluyendo las poblaciones al sur del Duero. Una cuestión que daría más flexibilidad de gestión a Estados y regiones. Sin embargo, el Gobierno central defiende sigue en un estado desfavorable de conservación. 

“Si hay cerca de 2.000 lobos, solo en Castilla León es porque las Comunidades Autónomas y la Junta de Castilla León, hizo un trabajo de conservación del lobo, pero de forma equilibrada, manteniendo también una conservación de la ganadería. Eso es lo que rompió el Gobierno en año 21, eso lo que Europa ha decidido, que eso no puede ser y el Gobierno se resiste2, ha reivindicado Suárez-Quiñones.