Durante la sesión de seguimiento del delito de trata de personas, el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, ha subrayado que se trata de "un fenómeno delictivo creciente y complejo de abordar, para su persecución y en la atención a víctimas intervienen multitud de actores que deben trabajar coordinados, por ello, es necesario analizar y repasar los protocolos que permitan abordar estos fenómenos con el objetivo de minimizar el sufrimiento a las víctimas".

La reunión ha estado dirigida por el fiscal jefe de Ávila, Javier Rojo, y ha contado con la participación de representantes de numerosos organismos y colectivos involucrados en la detección, persecución y atención de este tipo de delitos. Entre ellos, se encontraban miembros de la Fiscalía, Policía Nacional, Guardia Civil, Inspección de Trabajo, Oficina de Extranjería, Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación, Policía Local de Ávila, el Ayuntamiento, Administraciones autonómicas y locales, además de organizaciones sociales especializadas como ACCEM, Cruz Roja, APRAM, ADAVAS o AVIVIG, entre otros. También han asistido representantes del Centro Penitenciario de Brieva y de los sindicatos.

La ‘Mesa de Trata’ no es un órgano oficial, pero sí constituye un espacio de trabajo esencial donde las instituciones intercambian información, analizan las medidas aplicadas y refuerzan su colaboración, con el fin de dar una respuesta coordinada y eficaz ante los casos que se detecten. Este tipo de encuentros se celebran al menos dos veces al año.

Incremento alarmante

Los últimos datos del Informe Mundial sobre Trata de Personas de Naciones Unidas (GLOTIP 2024) revelan un incremento alarmante de este fenómeno, especialmente en la explotación laboral, que en algunas zonas ya supera a la explotación sexual. En Europa, el número de víctimas ha crecido un 20,5%, siendo mayoritariamente personas extranjeras (54%). La explotación sexual sigue siendo la más frecuente (49%), con una mayoría aplastante de mujeres (92%), aunque la explotación laboral ha subido un 51% en comparación con el periodo anterior.

España no es ajena a esta tendencia. Solo en 2024, las víctimas han aumentado un 22%, sobre todo en el ámbito laboral. Castilla y León destaca como la comunidad con más arrestos por explotación laboral (19), y es la tercera en cuanto a víctimas.

En el caso concreto de Ávila, este tipo de delitos apenas se había detectado hasta finales del año pasado. Fue entonces cuando una operación conjunta de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo permitió liberar a diez mujeres de origen nepalí que eran explotadas en condiciones de semiesclavitud. Las víctimas, introducidas en España de manera irregular, recibieron asistencia integral gracias a la colaboración de la Policía Nacional, el servicio de extranjería y la organización APRAM, que se encargó de su acogida y atención. Varias de ellas siguen hoy recibiendo el apoyo necesario para rehacer sus vidas.