Esta acción, una de las operaciones más amplias de los últimos años, ha supuesto la realización de más de 100 registros domiciliarios en casi todas las provincias españolas, con la participación de más de 200 agentes de unidades territoriales coordinados por la Unidad Central de Ciberdelincuencia y la Fiscalía Especial de Criminalidad Informática.

Durante los registros, se han intervenido 37 teléfonos móviles, 63 ordenadores, 229 discos duros, 58 memorias USB y más de 1.600 dispositivos de almacenamiento. Entre los detenidos figuran perfiles tan diversos como un ingeniero informático, un exmilitar profesional y un profesor de secundaria con menores en acogida.

Según la Policía Nacional, "la complejidad de la investigación ha radicado en la gran cantidad de personas investigadas y de registros realizados, las numerosas autoridades judiciales implicadas, y los miles de archivos intervenidos".

Algunos casos

Uno de los arrestados, localizado en Ourense, utilizaba la conexión wifi pública de un establecimiento de hostelería para descargar y distribuir contenido ilegal. Otro, en Castellón, empleaba una instalación por cable desde su domicilio para compartir la conexión a internet con su hermano y realizar las descargas.

En Coslada (Madrid), fue detenido un exmilitar profesional que, además de distribuir material ilegal, poseía un arsenal de nueve armas de fuego (entre ellas, armas de guerra) y gran cantidad de munición. Por su parte, en Las Palmas, un profesor de secundaria fue arrestado tras comprobarse que grababa a menores bajo su tutela en situaciones sexuales o de desnudez.

Las detenciones se han producido en una treintena de provincias, incluidas Madrid (4), Zaragoza (3), Toledo (3), Vizcaya (2), Girona (2), Sevilla (2), entre otras.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que la tenencia, distribución o almacenamiento de pornografía infantil constituye un delito. Para facilitar la colaboración ciudadana, ha habilitado el correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es, donde cualquier persona puede comunicar de forma confidencial y anónima la existencia de contenido ilegal.

"La importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores es fundamental, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito", se ha destacado desde la Policía Nacional.