Familias, trabajadores y representantes municipales se han unido para entregar ante Educación las rúbricas contra el cierre, una decisión que, según la Consejería de Educación, responde a criterios organizativos y de ratio establecidos por normativa.

"Venimos a entregar las firmas de todas las familias que quieren reflejar su malestar porque vayan a cerrar este aula que tan necesaria consideramos", ha explicado Alba Jiménez, madre del AMPA, acompañada por representantes del centro y del Ayuntamiento.

Según los afectados, el cierre de esta unidad está generando problemas a las familias, ya que muchos niños han sido reubicados en otras escuelas. "Hay familias que se están quedando sin su primera elección de centro", ha lamentado Jiménez, quien ha insistido en que apelan al "derecho de libre elección de centro" y en la confianza de los padres en el equipo educativo y el servicio de comedor del centro.

Desde el personal de la escuela, Estela Jiménez Prieto, representante de los trabajadores, ha recordado que se cierra un aula "un trabajador se irá a la calle" y ha defendido también el "derecho constitucional" de los padres a elegir centro.

Falta de claridad

Respecto a la Junta de Castilla y León, los implicados critican la falta de información y claridad. "La Junta a nosotros no nos ha dicho nada", ha denunciado Estela Jiménez, y ha asegurado que se están "pasando la pelota con el Ayuntamiento". Además, ha reprochado que los requisitos de mínimos de alumnos "se aplican a escuelas municipales o privadas, pero no a las de la Junta, donde hay aulas de 2-3 años con 10 niños".

Desde el Ayuntamiento, la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, ha mostrado su apoyo a las familias. "Nuestro apoyo al AMPA es total", ha afirmado, recordando que "el 10 de enero hacemos la petición de las 8 aulas y en mayo nos cierran una". También ha señalado la dificultad de recuperar esa unidad en las segundas inscripciones, ya que "cuatro familias ya están inscribiéndose en segundas o terceras opciones".

Sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma el coste del aula con fondos propios, Del Nogal ha respondido que, de momento, lo que quieren conseguir es que la Junta "dé un paso atrás y vuelva a abrir el aula". La teniente alcalde de Servicios Sociales ha anunciado también que este asunto se abordará en el próximo pleno municipal gracias a una moción de Por Ávila que quiere instar a la Junta a no cerrar el aula.

Además, ha defendido que "no es lo mismo atender a 20 niños que atender a 16 o 13", y ha cuestionado por qué en otros centros públicos hay aulas con menos de 12 niños mientras en Piedra Machucana exigen ratios más altas.

Los padres confían en que esta entrega masiva de firmas sirva para que la Junta reconsidere su decisión y mantenga en funcionamiento un aula que, según recalcan, está "totalmente acondicionada y preparada para atender a los niños".

Tras varios intentos de concertar una cita con la directora provincial de Educación, han optado por acudir directamente a entregar las firmas. Sin embargo, no han sido recibidos ni por la directora provincial ni por el inspector jefe ni por ningún responsable de Inspección Educativa, según han lamentado.

Planificación

Desde la Consejería de Educación aseguran que la organización educativa responde a una planificación rigurosa y no a "ocurrencias". Explican que las ratios mínimas y máximas están reguladas por las administraciones competentes, y que, en el caso de las unidades de 2 a 3 años, la ratio mínima de 12 alumnos busca garantizar la viabilidad de cada aula.

También recuerdan que la ratio máxima, establecida por normativa estatal, es de 20 alumnos, y consideran que la propuesta del Ayuntamiento de situar la ratio en 15 "solo para que les salgan las cuentas" no se ajusta a la normativa vigente ni a los principios de una gestión educativa seria.