Tras una reunión mantenida con representantes del colectivo de usuarios, los parlamentarios han recogido lo que califican como "una situación insostenible" con “incumplimientos reiterados del contrato de concesión estatal que gestiona la empresa Jiménez Dorado”.

Los usuarios “están viviendo situaciones que hay que denunciar y preguntar al Gobierno por su inactividad”, ha afirmado Palencia.

Entre las deficiencias relatadas, ha enumerado casos de overbooking en la venta de billetes, lo que genera “situaciones de caos, especialmente en las primeras salidas hacia Madrid”, además de “la reducción de la distancia entre asientos respecto a lo ofertado en el pliego” y la “supresión de frecuencias”, como el autobús de las 21 horas entre Ávila y Madrid o el de las 12 horas entre Madrid y Ávila.

Palencia también ha criticado el incumplimiento de los horarios de taquilla en la estación abulense, lo que “afecta especialmente a los mayores de 60 años, que no pueden adquirir billetes por medios telemáticos porque la empresa no lo tiene habilitado”. Asimismo, ha denunciado la existencia de “gastos de gestión de hasta 2,5 euros por billete que no están contemplados en la oferta original”.

Acaba la bonificación
Uno de los principales problemas es el impacto que tendrá, a partir del 1 de julio, la retirada de las bonificaciones estatales al abono del transporte. A partir de esa fecha el abono mensual pasará de tener un coste cero a los 92 euros.

“Esa es diferencia entre Óscar Puente, ministro de Transportes, y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta”, ha aseverado Palencia, señalando que, en contraste, “gracias al programa autonómico BusCyL, el billete entre Ávila y Salamanca pasará de 8,20 euros a cero euros” en septiembre.

Según los diputados, esta decisión unilateral del Ministerio de Transportes se ha tomado “sin negociación previa” y supondrá “un agravio comparativo” para los abulenses, al tratarse de una línea de competencia estatal. “El Gobierno expulsa a las comunidades de estas competencias en 2022 y ahora recorta las ayudas, lo que obliga a los ciudadanos a pagar el 50% del coste”, han explicado.

Quejas
Por su parte, Patricia Rodríguez ha anunciado que el PP solicitará en el Congreso y el Senado el expediente completo de la concesión del servicio Ávila-Madrid, así como información sobre la prórroga del contrato, las quejas recibidas, los incumplimientos detectados y las líneas suspendidas desde la pandemia.

“Nos han trasladado que el contrato ha finalizado, por lo que vamos a preguntar a qué se debe la prórroga, cuánto tiempo durará y cuándo se tiene previsto licitar de nuevo”, ha señalado. Además, ha reclamado explicaciones sobre “la eliminación unilateral de las bonificaciones y el descontrol en la gestión del servicio por parte del ministerio”.

La diputada ha recordado que el Gobierno ha paralizado sin previo aviso la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, a la que el PP ha presentado una enmienda “vital para Ávila, Castilla y León y la España interior” para evitar la supresión de miles de paradas en zonas rurales. “Ahora mismo el procedimiento está parado, el Gobierno suspendió la comisión sin explicación y sin convocar de nuevo”, ha criticado.

Rodríguez ha subrayado que el nuevo mapa concesional debe elaborarse desde el consenso con las comunidades autónomas. “Hay que convocar la conferencia sectorial, acordar los principios generales y abrir una negociación bilateral que dé solución a territorios como Ávila, donde se han suprimido tres de cada cuatro paradas en pueblos de la provincia”, ha remarcado.

“El compromiso del Partido Popular es trasladar todas estas denuncias al Parlamento y volver a reunirnos con los usuarios para compartir la información que obtengamos del Gobierno” porque “no vamos a permitir que se margine a los abulenses ni que se juegue con su derecho a la movilidad”, ha concluido Rodríguez.