Este precepto legal, en vigor desde 2007, establece que estos profesionales deben estar encuadrados en el grupo B, un reconocimiento que, según denuncian, no se ha traducido en la retribución económica correspondiente desde hace 17 años.

La protesta forma parte de una serie de concentraciones programadas de manera escalonada en todo el país, iniciadas el día 17 en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, y que continuarán en distintas provincias. El objetivo es mantener viva una reivindicación que consideran “un acto de justicia y de dignidad hacia nuestras profesiones sanitarias”, según expresan en su manifiesto.

Exigen el pago inmediato
En sus reivindicaciones, los manifestantes han exigido “la inmediata puesta en marcha de medidas urgentes, mediante las normas legislativas que resulten al caso, para que se proceda al cobro correcto de nuestros sueldos según fija el actual TREBEP, en su artículo 76”. Este artículo, incluido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce el grupo B para este colectivo, sin que hasta la fecha se haya materializado su remuneración como tal.

Además, reclaman que se abonen con efecto retroactivo las cantidades correspondientes a estos 17 años de retraso. Según sus cálculos, “cada técnico superior que estuviese trabajando desde el año 2008 hasta ahora ha perdido una media de más de 30.000 euros”.

El colectivo señala directamente al Ministerio de Economía y Hacienda como responsable de la situación, al no activar “las partidas económicas específicas hacia las Administraciones sanitarias respectivas”. Sin esta habilitación presupuestaria, aseguran, no es posible que las comunidades autónomas asignen los nuevos montantes económicos que permitirían hacer efectivo el grupo B.

También han recordado que ya en junio de 2007 la Secretaría General para la Administración Pública indicó que el artículo 76 era un precepto “directamente aplicable”, algo que, insisten, refuerza la legitimidad de su demanda.
Incumplimiento de acuerdos firmados en 2022.

Incumplimientos

Otro de los puntos de denuncia es el incumplimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022 entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos CCOO y UGT. Dicho acuerdo, publicado en el BOE el 17 de noviembre del mismo año, contemplaba la entrada en vigor del cobro del grupo B en enero de 2024, algo que tampoco se ha cumplido.

“Es una situación insostenible”, afirman los convocantes, que consideran que su papel durante la pandemia de Covid-19 tampoco ha sido adecuadamente reconocido. “Nuestras profesiones han sido ignoradas y menospreciadas durante tantos años, a pesar de la gran labor demostrada en el día a día”, recalcan.

Las movilizaciones, impulsadas por asociaciones y plataformas del colectivo de técnicos superiores sanitarios, continuarán en las próximas semanas por toda España con el propósito de presionar a la Administración para desbloquear una situación que consideran largamente postergada.