El hecho se centra en un agente destinado en el Destacamento de Tráfico de Ávila, que fue sancionado por una falta leve, que inicialmente fue calificada como grave. Los hechos se remontan a un incidente accidental: al manipular un ordenador, la pantalla cayó y quedó inutilizable. Este suceso, que la AUGC califica como una "torpeza" sin intención dañosa, derivó en una investigación disciplinaria que evidenció, según la sentencia, una instrucción parcial.

“El mando que dictó la resolución sancionadora fue el mismo que había hecho gestiones de comprobación de los hechos, luego dio el parte disciplinario, después declaró en la información reservada como testigo, y por último instruyó y sancionó”, ha denunciado la AUGC, destacando que esta acumulación de roles comprometió gravemente la objetividad del procedimiento.

Práctica habitual

Según la asociación, este caso es representativo de una práctica habitual en la Guardia Civil: calificar faltas como graves con el objetivo de alargar los plazos de instrucción de los expedientes. Mientras que las faltas leves prescriben en dos meses, las graves permiten un margen de seis meses, lo que, a juicio de la AUGC, constituye un "fraude de ley" utilizado para evitar la caducidad de los procedimientos.

La asociación de agentes advierte que se trata de situaciones que denuncian desde hace años, y todo ello porque la Guardia Civil “opta por aplicar de modo estricto el régimen disciplinario y calificar los hechos como falta grave en un auténtico fraude de ley”.

El fallo judicial, que estima el recurso contencioso-disciplinario presentado por el abogado del agente, supone, según la AUGC, “la necesidad urgente de reformar el sistema disciplinario para garantizar los derechos de los agentes”.

“Todo esto evidencia un uso desproporcionado y excesivo del régimen disciplinario que demuestra la falta de liderazgo en la Guardia Civil y, ante la incapacidad de liderar, optan por una política de castigo y miedo”, concluye la asociación.