La operación, de alcance nacional, ha permitido la liberación de 45 migrantes que trabajaban en condiciones infrahumanas en fincas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. No se conocen las personas liberadas en la provincia de Ávila.

Las víctimas, procedentes de países como Nepal, Pakistán e India, eran engañadas con falsas promesas de empleo digno en España y trasladadas a explotaciones agrícolas donde trabajaban de sol a sol sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y por salarios muy por debajo de lo legalmente permitido. Una vez en territorio español, eran alojadas en viviendas precarias, hacinadas, sin condiciones higiénicas mínimas, “durmiendo en colchones en el suelo y sin acceso a servicios básicos”, según la investigación.

En una de las inspecciones realizadas, los agentes localizaron a 24 personas compartiendo el mismo inmueble, en lo que supone uno de los hallazgos más alarmantes de esta operación. El uso fraudulento de documentación de terceros también fue una de las prácticas detectadas: “cuando los empresarios exigían la documentación de los temporeros, la organización criminal utilizaba papeles de otros extranjeros para simular una situación laboral regular”, lo que permitía mantener el engaño y la explotación sin levantar sospechas.

Red transnacional
La investigación se inició en julio de 2024, a raíz de la identificación de varios temporeros asiáticos en posible situación de explotación laboral. Las pesquisas condujeron a Zaragoza, donde se encontraba el núcleo operativo de la red, formada por ciudadanos de origen pakistaní y argentino, especializados en la captación de personas vulnerables.

En total, se han practicado nueve detenciones, de las cuales tres han tenido lugar en territorio abulense, otras tres en Zaragoza, dos en Cáceres y una en Barcelona. Según el balance policial, tres de los arrestados han ingresado ya en prisión provisional.

Además, los cuerpos policiales han efectuado cuatro registros domiciliarios, en los que se ha incautado material informático y abundante documentación que acredita la actividad delictiva del grupo.

Con el objetivo de prevenir y combatir este tipo de delitos, la Policía Nacional mantiene activa la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es, canales destinados a la denuncia anónima y confidencial de casos de trata de seres humanos, sin que la llamada quede registrada en la factura telefónica.