El acuerdo parlamentario incluye también la solicitud de suspensión de los plazos de la Declaración de Impacto Ambiental, en vigor hasta noviembre de 2025, con el objetivo de mantener su validez durante el proceso judicial. Según defiende el PP, esta infraestructura resulta "esencial para la cohesión territorial, para Castilla y León y para una España bien vertebrada", según el procurador David Beltrán.

La iniciativa ha contado con el voto en contra del Partido Socialista, una decisión que ha sido duramente criticada por los procuradores populares. "Resulta incomprensible que quienes dicen defender la cohesión territorial se alineen con el Gobierno de Sánchez para avalar una decisión que condena a esta provincia al aislamiento y al agravio comparativo", denunciaron, acusando al PSOE de "justificar los recortes del ministerio antes que apoyar una infraestructura estratégica y largamente reivindicada por todas las instituciones abulenses”.

El proyecto de conexión por autovía entre la A-50 y la A-6 forma parte de la Autovía A-40, catalogada como corredor transversal estratégico en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012–2024. Cuenta desde 2021 con una Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Los representantes populares por Ávila han subrayado el perjuicio que supone que la ciudad continúe siendo "la única capital de Castilla y León sin conexión directa por autovía con Valladolid". "Es una discriminación inaceptable. El PSOE vuelve a dar la espalda a Ávila con tal de obedecer a Pedro Sánchez. Y desde el Partido Popular, no vamos a quedarnos de brazos cruzados", ha afirmado Beltrán, recordando que esta demanda ha sido respaldada por el Congreso, el Senado, las propias Cortes autonómicas y la Diputación.