Los hechos se produjeron el 21 de marzo, cuando la Unidad de Seguridad y Protección Aérea de la Policía Nacional de Ávila, junto con la Patrulla Verde de Policía Local de Ávila denunciaron e identificaron durante un operativo conjunto a un piloto que volaba una aeronave no tripulada.

El denunciado sobrevolaba la ciudad sin las pertinentes comunicaciones y autorizaciones, "poniendo en grave riesgo las operaciones aéreas que garantizaban la seguridad ciudadana" en un día en el que, como consecuencia de las inundaciones, se creó un puesto de mando avanzado (CECOPI) y se desplegaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local, los bomberos y los voluntarios de Protección Civil, con diferentes medios aéreos y terrestres.

Grave riesgo

El portavoz de la Policía Nacional, Jesús Gonzalo, ha explicado que esa jornada se detectó el vuelo de una aeronave no tripulada (UAS) que "incumplía la normativa vigente", al tratarse de un entorno urbano y una zona declarada de emergencia. De hecho, el vuelo "dificultaba y ponía en grave riesgo las operaciones No Easa realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", según Gonzalo.

El denunciado realizaba los vuelos "con un dispositivo de gafas de visión colocado a la altura de los ojos y un joystick para pilotaje y manejo de drones tipo FPV, sin alcance visual del dron y sin utilización de observadores situados junto al piloto". 

Dichos vuelos eran publicados en una plataforma de Internet que permite a los usuarios "subir, ver y compartir vídeos", creando un canal por el mismo con contenido de grabaciones aéreas por la ciudad de Ávila y provincia, "posiblemente todos ellos sin ningún tipo de autorización, ni declaración responsable en zonas protegidas del término municipal de Ávila".

Sanciones

Era en uno de los anejos de la capital con protección establecida por la red Natura 2000, como zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves), haciendo los vuelos "a escasos metros de los nidos de cigüeñas anidados en las iglesias, con la consiguiente molestia que se puede producir a las aves que en ese momento se encontraban en sus nidos en plena época de reproducción".

Según el portavoz de la Policía Nacional, el denunciado se enfrenta a sanciones por no cumplir con la normativa de Seguridad Aérea ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), comprendidas entre los 60 a los 225.000 euros, en función de su consideración.

Las leves van de 60 a 45.000 euros, las graves de 45.001 a 90.000 y las muy graves de 90.001 a 225.000 euros, sin incluir las sanciones establecidas por los vuelos en entorno protegido por la Zona de Especial Protección de Aves-ZEPA, sancionable por la Gerencia de Medioambiente de la Junta y la carencia de los registros previos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionable por la Subdelegación de Gobierno. 

El portavoz policial señala que la popularidad adquirida por estos dispositivos "ha crecido de manera importante en los últimos años" y la Policía Nacional recuerda que el uso de aeronaves no tripuladas en entornos urbanos o próximos a infraestructuras críticas "requiere planificación y coordinación previa con los organismos competentes".

Los requisitos vienen recogidos en las normas legales: Real Decreto 517/2024 que regula la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), Y Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, art. 36.2, que ordena la comunicación previa a la Autoridad Gubernativa de cualquier operación con drones.