La movilización (19 horas) partirá del recinto ferial y recorrerá las calles hasta la plaza del Real. La convocatoria coincide con la movilización de más de 55 colectivos en todo el país, desde Galicia hasta Andalucía, en ocho comunidades autónomas, en una protesta coordinada que denuncia un modelo energético que, según la organización, “devasta el medio rural, degrada el territorio y pone en riesgo la salud de las personas, fomentado sin transparencia y sin escuchar a la ciudadanía”.

La plataforma La Moraña Stop Biometano ha denunciado públicamente que estas instalaciones constituyen “grandes instalaciones industriales contaminantes, que reciben y procesan residuos como purines, lodos de depuradora, restos orgánicos urbanos, restos agrícolas, subproductos de mataderos o incluso cadáveres animales”.

Uno de los principales problemas señalados es la generación de un residuo tóxico, el digestato, que contiene “metales pesados, bacterias resistentes, fármacos veterinarios, nitratos y otras sustancias contaminantes”. La plataforma alerta de que su “esparcimiento o almacenamiento inadecuado puede generar focos de contaminación en suelos, acuíferos y atmósfera, provocando olores insoportables, proliferación de insectos y aumentando los riesgos para la salud pública”, con consecuencias que podrían derivar “en crisis sanitarias como ocurrió con la de las vacas locas”.

El colectivo sostiene que la rentabilidad de estas plantas depende de “un flujo constante y creciente de residuos”, reforzando así un modelo agroindustrial contaminante, en particular el de la ganadería intensiva. “Esto crea un círculo vicioso que multiplica la contaminación: más animales, más residuos, más digestato, más emisiones”, lamentan. Además, subrayan que estas iniciativas apenas generan empleo, deterioran los recursos naturales, deprecian el valor de las viviendas y “dificultan un modelo rural sostenible”.

Opacidad administrativa
La plataforma denuncia que los proyectos de macroplantas de biogás y biometano “se aprueban con total opacidad y sin participación vecinal”, con evaluaciones ambientales “incompletas o sesgadas” y financiación pública “bajo promesas falsas de sostenibilidad”. “Crean ruptura social, fomentando la confrontación entre los vecinos y vecinas. Quienes cuestionan estos proyectos son tachados como ‘enemigos del progreso’”, añaden.

En respuesta, la plataforma exige “la paralización inmediata de todos los proyectos de macroplantas de biogás y biometano en tramitación o ya aprobados”, así como “una transición hacia un modelo energético justo y descentralizado, centrado en el autoconsumo, la eficiencia energética y las renovables verdaderamente sostenibles, sin convertir a los pueblos en zonas de sacrificio”.

Asimismo, abogan por “una gestión de residuos responsable y en origen, basada en la reducción de residuos, el compostaje local y el fin del despilfarro agroindustrial”. Piden que “se respete el derecho de los territorios a decidir su modelo de desarrollo, apostando por alternativas vivas como la ganadería extensiva, la agroecología y el turismo rural”.

Acciones previstas
De cara a los próximos días, la plataforma continuará sus acciones de presión y visibilización. Entre ellas, tienen previsto asistir al pleno del Ayuntamiento de Arévalo del próximo 6 de junio para hacer un seguimiento de la moción aprobada en abril por los cuatro grupos políticos. Además, están organizando charlas informativas, como la que impartirán el 10 de junio a los estudiantes del IES Eulogio Florentino Sanz de Arévalo, y mantienen contactos con el Consejo Regulador de la DO Rueda y con comerciantes y hosteleros de la ciudad para sumar apoyos a la causa.

Por otra parte, la plataforma ha lamentado la decisión de la Diputación de Ávila de no respaldar la paralización de estos macroproyectos. “Gestionan estos proyectos de manera silenciosa para que no se entere nadie y luego públicamente ¡eligen el dinero antes que a las personas!”, denuncia el colectivo. “Es el mundo al revés, les da igual todo y encima no quieren ver que España entera está en pie de guerra porque a los propios afectados nadie les ha preguntado…”, añaden en el comunicado.