La operación, denominada Pox, ha culminado con la detención de cinco personas y la investigación de otras 12, aunque se prevé que el número de implicados aumente.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), ha implicado la realización de siete registros en domicilios, explotaciones ganaderas y mataderos, así como la inspección de nueve restaurantes en las provincias de Madrid, Toledo y Ávila. Cuatro de estos restaurantes han sido clausurados cautelarmente. También se ha localizado y desmantelado una explotación ganadera clandestina.

Durante las actuaciones, los agentes se han incautado de 10.000 euros en efectivo, numerosa documentación, crotales, dispositivos electrónicos, instrumental para el sacrificio de animales y medicamentos veterinarios. Además, más de 350 animales han debido ser sacrificados por encontrarse en estado severo de inanición o por padecer enfermedades y malformaciones irreversibles.

Explotación clandestina en Toledo
El principal investigado gestionaba una explotación ganadera ilegal en la provincia de Toledo, al margen del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Este centro actuaba como núcleo de la red, desde donde se organizaban los traslados irregulares de ganado procedente tanto de explotaciones legales como ilegales.

“Junto con otro de los implicados, realizaban transportes irregulares de ganado ovino y caprino, recogiendo animales tanto de explotaciones legales como ilegales, y trasladándolos hasta la explotación clandestina”, ha señalado la Guardia Civil. Para enmascarar estas actividades ilícitas, los implicados utilizaban “documentación falsificada con el fin de simular que los traslados eran legales”.

Carne a restaurantes
Parte de los animales era enviada directamente a un matadero autorizado en la provincia de Ávila, donde se mezclaba la actividad legal con la ilegal. La otra parte se sacrificaba en un matadero clandestino ubicado en San Fernando de Henares (Madrid), “en condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes y sin respetar la normativa de bienestar animal”.

La carne resultante de estos sacrificios ilegales era posteriormente distribuida a través de “canales no autorizados”, llegando a nueve restaurantes de la provincia de Madrid. Según la investigación, estos locales incluían la carne en sus cartas y ofrecían su reparto a domicilio mediante plataformas en línea. Además, varios de los investigados vendían la carne directamente a particulares en diferentes localidades madrileñas, sin control ni trazabilidad.

Blanqueo de capitales
La Guardia Civil ha constatado que las actividades ilícitas se llevaban a cabo dentro de una “estructura criminal organizada, compuesta por varios escalones jerárquicos”, en la que cada miembro desempeñaba un rol específico. Esta organización permitía “sortear los controles de las autoridades y multiplicar los beneficios económicos de su actividad ilegal”.

Entre las prácticas fraudulentas destaca “el uso de pagos en efectivo y en B, así como la facturación por debajo del precio real del ganado para evadir impuestos”, constituyendo una modalidad de blanqueo de capitales.

La comercialización ilegal de carne sin control sanitario representa un grave riesgo para la salud pública y el sector ganadero. La introducción de estos productos en el mercado vulnera la seguridad alimentaria, que “constituye un pilar fundamental para la protección de la salud pública, garantizando que los alimentos que llegan al consumidor sean seguros, estén correctamente etiquetados y cumplan con todos los requisitos sanitarios establecidos por la legislación vigente”.

Además, los movimientos ilegales de ganado ovino y caprino aumentan el riesgo de propagación de enfermedades como la viruela ovina-caprina, contraviniendo las medidas de cuarentena y provocando “pérdidas millonarias en el sector ganadero”.

La complejidad de la operación ha requerido la colaboración de Europol, diversas Unidades de la Guardia Civil, incluidos el SEPRONA  de Madrid, Toledo y Ávila, y el apoyo de la Policía Municipal de Madrid. Asimismo, han participado activamente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las autoridades sanitarias y ganaderas de la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Madrid. La investigación se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones e imputaciones por estos hechos.