La Junta compensará a los pacientes si se aplica el copago hospitalario

Tras la desestimación de la medida cautelar que solicitaba la Junta de Castilla y León para suspender la resolución que regula el nuevo copago hospitalario, la Junta busca “posibles fórmulas, siempre dentro de la Ley”, para hacerse cargo de los costes que la  medida suponga al ciudadano en el caso de que finalmente la misma tuviera que aplicarse.

La Junta insiste en que los 8.453 ciudadanos afectados en la Comunidad por esta resolución son pacientes con enfermedades graves “que deben seguir y completar sus tratamientos”.

Tras reiterar que la medida de copago hospitalario “supondría serias desigualdades y rompería la equidad del Sistema Nacional de Salud”, ha recordado además que la tramitación del recurso contencioso administrativo continúa su curso pese a la desestimación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de la medida cautelar de suspensión de la resolución de 10 de septiembre de 2013.

Medidas compensatorias
“A la espera de la resolución del mismo y del pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y en el caso de que el TSJM lo desestimara, se aplicarían estas medidas compensatorias”, han indicado.

La Junta ha recordado que desde el primer momento anunció su desacuerdo con esta resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, al considerar su escaso impacto económico (unos 200.000 euros anuales, es decir, el 0,07 por ciento del gasto farmacéutico hospitalario) y las características de los fármacos sometidos a este copago, la mayoría de ellos relevantes para tratar enfermedades graves.

Por ello presentaron un requerimiento previo a la Administración del Estado para que la revocara o la anulara y después un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los motivos de la impugnación se basaban en cuestiones como que no puede considerarse que una resolución administrativa tenga rango suficiente para cambiar las condiciones de financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud o que la Dirección General de Farmacia no tiene competencias para actuar en este sentido.

Inequidad
También se argumentó que los criterios técnicos utilizados para la selección de los medicamentos que tienen este tipo de aportación dan lugar a inequidad en pacientes con el mismo tipo de patología “y pueden generar desigualdad de derechos de los ciudadanos en función del territorio donde vivan”.

La Junta ha recordado que, hasta el momento y pese a que en principio debía haberse iniciado el 1 de enero de 2014, ninguna comunidad autónoma está aplicando esta resolución, o bien por desacuerdo con la misma, o bien por las dificultades técnicas que supone su puesta en marcha.