La iniciativa busca el respaldo unánime de todos los grupos políticos ante lo que consideran una amenaza directa a la salud, el entorno y la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

Los socialistas instan a la Diputación a trasladar a la Junta la necesidad de suspender cautelarmente estos expedientes hasta que se disponga de una normativa específica, más estricta y adaptada a la realidad de estas instalaciones. Además, solicitan una moratoria para nuevas autorizaciones hasta la aprobación de dicha regulación.

"No estamos en contra de las plantas de biogás ya que pueden ser soluciones viables para pequeñas comunidades agroganaderas, para tener una gestión adecuada de sus residuos, pero estas soluciones no están pensadas para barbaridades indefendibles”, según el diputado provincial Raúl Blanco, que advierte que se trata de “modelos totalmente insostenibles, que mueven hasta 165.000 toneladas de purines de cerdo al año, más 65.000 toneladas de restos de mataderos, así como miles de kilos de otros desechos sin determinar”.

Problemas

El PSOE subraya que los malos olores, el riesgo de contaminación de suelos y acuíferos, el ruido y el tráfico pesado constante son problemas asociados a estas plantas que afectan directamente a los vecinos. "Los proyectos que están proliferando actualmente en el medio rural no son verdes sino verdaderos marrones para nuestras comarcas", añade Blanco.

El Grupo Socialista considera imprescindible establecer criterios claros sobre la ubicación de las plantas, las distancias mínimas a núcleos urbanos, las capacidades máximas, la exclusión de ciertos suelos, la limitación del transporte de residuos, la regulación del tráfico, la gestión de olores y del digestato (el subproducto que queda tras producirse el biogás).

La propuesta incluye también una petición para que la Diputación se implique en el desarrollo de normativas locales que, dentro del marco legal, impidan los perjuicios derivados de estas instalaciones, con la finalidad de proteger el entorno y el bienestar de sus habitantes frente a la expansión de proyectos que califican de "agresivos e inadecuados" para el medio rural.