En la reunión del Comité de Dirección del Grupo Parlamentaria del PP, celebrada en Ávila, y en la mesa redonda titulada ‘En defensa de la democracia y la igualdad, ha dibujado un diagnóstico del momento político actual con “cuatro grandes apagones” que “conducen a España hacia una democracia fallida”.

Ha destacado su “emocionante” regreso a Ávila: “yo empecé en el PP aquí ace 20 años de la mano de un gran abulense, Ángel Acebes, y me recorrí todos los pueblos de la provincia, los conozco a todos, los admiro a todos”.

La diputada ha hablado de los “cuatro grandes apagones” que están provocando el actual Gobierno de coalición: el apagón de la razón, del mérito, de la democracia y de la buena fe. “El primero es el apagón de la razón”, en alusión a un Ejecutivo “empachado de ideología” que, según ha dicho, antepone “los dogmas a los hechos, a la ciencia y al sentido común”. Como consecuencia de ello, ha citado medidas como la conocida “ley del solo sí es sí” o la gestión de la pandemia, que calificó como “confinamiento ideológico severo”. También se ha referido a la dana y al modelo energético, con alusiones a “la obsesión ideológica” del Gobierno.

En cuanto al “apagón del mérito”, ha criticado lo que ha descrito como un sistema de promoción política sustentado en la “fidelidad perruna al líder” en lugar de la competencia técnica. “Tenemos una Administración no solo mediocre, sino orgullosamente mediocre” y, como ejemplo, ha citado nombramientos en órganos como el Consejo de Seguridad Nuclear o el caso de Beatriz Corredor: “ha dicho que no sabe qué pasó, pero que no va a volver a pasar. ¿Alguien me puede explicar eso?”.

Democracia fallida
Respecto al “apagón de la democracia”, ha afirmado que “Sánchez no preside un Gobierno en sentido estricto”, sino que lidera “un proceso de mutación institucional” con el objetivo de “liquidar la alternancia política en España”. “Lo que él sí preside es un proceso de mutación de democracia plena, con sus defectos, a democracia fallida”, ha asegurado.

En esa línea, denuncia un “desmontaje de la arquitectura constitucional” que afecta, según ha indicado, a los medios de comunicación, a la independencia judicial y al Parlamento. “La mañana de la dana se suspendió la sesión de control al Gobierno, pero se mantuvo el asalto a RTVE”, ejemplificó. Sobre el ámbito judicial, acusó al ministro de Justicia de liderar una “brigada de linchamiento de los jueces”.

A juicio de la diputada, este desmantelamiento institucional va acompañado de una “patrimonialización del Estado”. “Cada enchufado sanchista tiene una misión: defender a Sánchez por encima de todo”, ha afirmado. Como muestra, ha citado el caso del fiscal general del Estado, “encargado de perseguir el delito y ahora investigado por presuntamente cometerlo para destruir a un rival político”.

Cataluña
Álvarez de Toledo también se ha referido a la situación territorial y al debate sobre la amnistía. Ha acusado al Gobierno de fomentar un modelo “privatizado” del Estado y advirtió de una “fantasía de liquidación nacional” que, en su opinión, tendría como próxima estación un referéndum de autodeterminación. “Zapatero ya va diciendo que hay que ir hacia un reconocimiento de Cataluña como nación”, alertó. En este sentido, recordó unas recientes declaraciones de Sánchez, quien, según señaló, afirmó que “España y Cataluña son dos países extraordinarios”.

La diputada ha apelado a la implicación ciudadana para revertir la situación que describió. “Sánchez y su decadencia pasarán. Y el legado democrático y reformista de Adolfo Suárez prevalecerá”, ha dicho. “Después del gran apagón español, volverá la luz, pero nos corresponde a todos encenderla”, ha vaticinado.

Álvarez de Toledo ha animado a militantes y simpatizantes a movilizarse activamente en defensa de la democracia y a combatir el pesimismo. “No basta con indignarse en casa, hay que actuar. Tenemos que trabajar para lograr una sólida mayoría de 176 escaños”, ha aseverado.

Rodeado de corrupción

En la mesa redonda, Patricia Rodríguez, portavoz adjunta del PP en el Congreso, ha subrayado la diferencia entre la política autonómica del PP y el Gobierno nacional liderado por Pedro Sánchez, “rodeado de corrupción por todas partes, que además no cuenta con las mayorías necesarias para legislar”. Y es que “cada vez que hay una votación importante, Sánchez obliga a los españoles a arrodillarse ante los independentistas con una única finalidad: mantenerse un poquito más en el poder”.

Rodríguez también ha apuntado que “la negociación no está en el Congreso de los Diputados, está en Waterloo”, en alusión al líder de Junts, Carles Puigdemont. En este contexto, considera que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Castilla y León, “paliarán los efectos negativos” de los acuerdos legislativos alcanzados por el Gobierno central.

Por su parte, Sergio Sayas, también portavoz adjunto del PP en el Congreso, ha centrado su intervención en el ámbito de la vivienda, al que definió como “el principal problema para los españoles”. A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez está aplicando “el intervencionismo más radical de la izquierda europea”, lo que “expulsa de las grandes ciudades a las clases medias”.

“El presidente ha convertido la vivienda en un artículo de lujo”, ha denunciado, añadiendo que “es absolutamente impensable para muchísimas generaciones de este país aspirar a alquilar, y por supuesto, imposible poder comprar en muchas ciudades”. También ha criticado el discurso del Ejecutivo, que “trata de atacar a la propiedad privada y estigmatiza a quien quiere comprarse una vivienda, como si fuera un especulador”.

Precio de la vivienda

Según Sayas, desde que gobierna Pedro Sánchez, el precio de la vivienda ha subido un 3 % y el acceso a la emancipación se ha complicado: “los españoles tardamos de media tres años más que el resto de la Unión Europea en poder emanciparnos”. Y ha alertado de que el déficit de vivienda en España podría alcanzar las 600.000 unidades en 2025.

En cuanto a la ley de vivienda, Sayas aseguró que “ha reducido drásticamente la oferta de alquiler por la inseguridad jurídica”, ha encarecido los precios y ha favorecido fenómenos como la ocupación. “Hoy en España hay 100.000 viviendas ocupadas. Solo en el último año ha habido 16.045 denuncias por patadas en la puerta”, ha asegurado.

Frente a esta situación, el dirigente popular propuso un modelo basado en “más seguridad jurídica”, una ley antiocupación -actualmente “secuestrada en el Congreso”, dijo—, una nueva ley del suelo con “proyectos residenciales estratégicos” y desgravaciones fiscales para jóvenes que les permitan generar un “colchón de ahorro” para acceder a la vivienda.

Por su parte, José Antonio Bermúdez de Castro, vicepresidente del Congreso, ha denunciado la “excepcionalidad” institucional que, en su opinión, atraviesa la legislatura actual. “Estamos viviendo en la inestabilidad y en la excepcionalidad a consecuencia de que quien perdió las elecciones decidió mantenerse en el poder a costa de dividir a los españoles”, ha manifestado.

Deterioro institucional

El vicepresidente del Congreso ha acusado al Gobierno de “vender sus principios a cambio de los votos de las minorías independentistas y radicales”, lo que ha provocado un “deterioro institucional” y una “frustración” generalizada entre los ciudadanos. En su análisis, esa situación ha alcanzado también al Parlamento: “Ni se legisla con normalidad ni se permite legislar a la oposición”, ha sentenciado.

Bermúdez de Castro ha indicado que el Grupo Popular ha presentado “más de 100 quejas ante la Mesa del Congreso” por lo que describió como “arbitrariedades e irregularidades”, entre ellas el uso abusivo del mecanismo de ampliación del plazo de enmiendas para “bloquear” iniciativas de la oposición. 

“El Parlamento se ha puesto al servicio de la estrategia del Gobierno”, ha afirmado, en alusión directa a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. Y ha insistido en la importancia de restaurar la institucionalidad parlamentaria: “por primera vez, no es el Congreso el que fiscaliza al Gobierno, sino que es el Gobierno el que pretende controlar al Congreso. Y eso es una anomalía democrática".