Desde su constitución en mayo de 2024, esta plataforma ciudadana ha recogido numerosas quejas de usuarios y usuarias tanto de Arévalo como de los municipios que integran la comarca. Las denuncias se centran en la inestabilidad de los equipos sanitarios, las demoras en los servicios básicos como las analíticas y la falta de avances tangibles en los proyectos de reforma de los centros de salud.

Una de las reivindicaciones más reiteradas por parte de la población morañega es la necesidad de dotar a los centros sanitarios de personal médico estable. Según recuerdan desde la plataforma, existen estudios elaborados por colegios profesionales que demuestran que la inestabilidad de los profesionales sanitarios tiene un efecto directo en la seguridad del paciente.

“Los usuarios piden, principalmente, mayor estabilidad de los profesionales sanitarios”, señalan desde el colectivo, que subraya que es responsabilidad de la Junta crear condiciones laborales suficientemente atractivas para que médicos y enfermeros opten por ejercer en el medio rural.

En este sentido, reclaman que el Gobierno autonómico no solo reconozca el problema, sino que lo aborde de forma decidida y con políticas concretas que reviertan el déficit estructural de personal en los centros de salud de la comarca.

Esperas para una analítica
Otro de los puntos críticos destacados por la plataforma se encuentra en el servicio de analíticas del Centro de Salud de Arévalo. Las demoras, según indican, son habituales y prolongadas, con tiempos de espera que en numerosos casos superan el mes. Esta situación genera un perjuicio directo en el seguimiento clínico de pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o que requieren controles regulares.

Ante esta realidad, desde el colectivo exigen un refuerzo urgente de la plantilla sanitaria y un aumento de los días destinados a la realización de analíticas, con el fin de reducir drásticamente los plazos de atención. La demanda va dirigida a la Consejería de Sanidad, a la que piden un plan específico para atajar este cuello de botella asistencial.

La situación estructural del Centro de Salud de Arévalo también forma parte central de las denuncias. La plataforma recuerda que el proyecto de reforma fue presupuestado por la Junta en 2007, aunque nunca se ejecutó. En 2021 se retomó el expediente, pero los trabajos han permanecido prácticamente paralizados desde entonces.

Esta falta de ejecución ha derivado en un deterioro significativo del edificio y en el malestar de los usuarios. “Denunciamos la excesiva lentitud en el avance de las obras”, subrayan desde el colectivo, que exige explicaciones sobre el estancamiento prolongado del proyecto.

La portavoz de la plataforma, Blanca Alonso, considera que más allá de los obstáculos burocráticos, existe una falta de compromiso real por parte de la administración autonómico, porque a los contratiempos administrativos “hay algo mucho más grave, la falta de voluntad política”.

Madrigal
La parálisis en las reformas no solo afecta al centro de Arévalo. Según denuncia la plataforma, el Centro de Salud de Madrigal de las Altas Torres padece una situación similar. En ambos casos, apuntan a una falta de voluntad institucional que consideran preocupante y discriminatoria.

“La Junta ha ido dando largas a los proyectos de reforma” de ambos centros, critica Alonso, critica Alonso, quien reclama que se expliquen las razones de este trato desigual hacia la sanidad pública en la comarca.

“No somos ciudadanos de segunda ni tampoco aspiramos a serlo”, sentencia la portavoz, que reivindica igualdad de trato para los habitantes del medio rural y acceso a servicios sanitarios dignos y de calidad.

El balance de la plataforma es “positivo” porque los ciudadanos la perciben como una referencia. Entre los logros destacan las manifestaciones celebradas en Arévalo en mayo y en octubre de 2024, y valoran la recogida de firmas a favor de la implantación de  una unidad de ictus en Ávila, “donde la sociedad se volcó”, así como la participación en la manifestación del 15 de marzo en Valladolid. “La Junta de Castilla y León debe atender nuestras peticiones porque somos la voz de la ciudadanía”, afirman.