Así lo ha detallado el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Carlos Sánchez Mesón, quien ha destacado que este plan contará con una partida presupuestaria de dos millones de euros y se desarrolla en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), con el que se ha firmado un convenio.

El objetivo de estas ayudas es apoyar a las entidades locales en la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general y social. Una vez que las bases se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los ayuntamientos tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar sus solicitudes.

Sánchez Mesón ha explicado que la aprobación se ha demorado debido a la necesidad de contar con informes favorables del Servicio de Empleo de Castilla y León, así como de la Dirección de Administración Local de la Consejería de Presidencia —para evitar duplicidades— y de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda, que debía garantizar la sostenibilidad financiera. Todos ellos han resultado positivos, lo que ha permitido sacar adelante las bases.

Las ayudas se estructuran en una cuantía fija de 4.710 euros por municipio o entidad local menor. Mientras, en caso de agrupación de dos municipios, se sumarán 7.710 euros más, y si la agrupación es de tres o más municipios, el extra ascenderá a 10.710 euros. Además, se añadirá una cantidad variable de 140 euros por cada persona desempleada, calculada en base a la media aritmética de desempleados en 2024 en cada localidad.

Los contratos deberán formalizarse entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2025, con una duración mínima de dos meses y máxima de seis. Los beneficiarios deberán estar desempleados e inscritos como demandantes en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.