Lo han hecho mediante una carta a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, y a los grupos políticos de a cámara, pidiendo que se les permita ejercer su derecho de acceder a la información pública y ambiental, al tiempo que denuncian "opacidad" en la designación de 47 proyectos estratégicos, de los que 7 se encuentran en España,  tras ser seleccionados por "los burócratas de Bruselas como decisivos para sus planes de rearme y resiliencia geoestratégica".

 
La adhesión de la Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja y la Asociación Vive el Valle del Corneja a esta carta se produce pocos días después de que 18 alcaldes y alcaldesas de la comarca del Valle del Corneja firmaran un manifiesto contra las minas en el que se mostraron unidos “en la defensa del patrimonio común” y expresaron su “firme voluntad de proteger y promover un modelo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente, la cultura y el bienestar de nuestras comunidades”. 

La Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja y la Asociación Vive el Valle del Corneja, se unen a otras 230 organizaciones ecologistas, vecinales y culturales de la UE, que han enviado una carta abierta a Metsola y a los líderes políticos europeos.

Acceso a los informes

En ella exigen acceso a los informes que justificaron la declaración de siete minas españolas como proyecto estratégico bajo la Ley de Materias Primas Críticas. Según las entidades, “la Comisión Europea oculta datos clave y prioriza intereses empresariales sobre derechos ambientales y sociales”. 

Las organizaciones advierten que la Ley de Materias Primas Críticas, diseñada para asegurar minerales esenciales para la transición energética, se aplica con oscurantismo y vulnera el Convenio de Aarhus, que garantiza acceso a información ambiental. Además, denuncian que la mayoría de estos proyectos se ubican en áreas que deberían protegerse priorizando beneficios económicos sobre derechos ciudadanos. 

Para las organizaciones firmantes, “la consideración de proyecto estratégico permite la tramitación acelerada de permisos de explotación e impide una participación efectiva de las poblaciones locales. Estos proyectos también tendrán un estatus prioritario en procesos administrativos y judiciales y recibirán ayuda de la Comisión Europea para obtener financiación”. 

Otro aspecto "muy preocupante" para las 230 organizaciones civiles es que “una parte muy importante de los yacimientos de los llamados 'minerales críticos' se encuentran muy cerca o dentro de zonas de protección especial como la Red Natura 2000 y los proyectos seleccionados podrán considerarse “de interés público superior”, debilitando la aplicación de las directivas ambientales de protección de la naturaleza”.

A juicio de los firmantes “esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar a determinados proyectos una calificación que les otorgará privilegios económicos y administrativos, tales como la tramitación acelerada de concesión de autorizaciones. Además, supone una vulneración del Convenio de Aarhus sobre información, participación y justicia ambiental”.