La decisión es calificada por las organizaciones empresariales como un acto de “evidente oportunismo político”.
Desde la organización empresarial se reitera el apoyo a la idea de una reducción de jornada laboral, pero insisten en que debe hacerse “ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva”. En este sentido, CEOE alerta de que la imposición legal sin consenso “está ocasionando ya un freno en la negociación colectiva”, una herramienta que consideran básica “para mantener la estabilidad económica y la paz social”.

“El proyecto va a acabar por dinamitar esa negociación colectiva”, advierten, al situar la jornada máxima legal por debajo de la que ya está pactada en muchos convenios sectoriales. Esto, según la patronal, provocará una desincentivación en los acuerdos sectoriales que hasta ahora han servido como motor de equilibrio en el mercado laboral español.

La principal preocupación expresada por CEOE Ávila se centra en el fuerte impacto que la normativa tendrá sobre la actividad económica, y de forma muy especial, en las pequeñas y medianas empresas (pymes). “Más del 90% del tejido empresarial español está conformado por pymes”, recuerdan, y estos negocios serán los primeros en verse afectados por los cambios en la jornada laboral.

Vialidad de empresas

La aplicación de esta medida podría, según la patronal, poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas, especialmente en sectores que ya operan con márgenes reducidos. “Advertimos del grave impacto sobre el empleo”, recalcan, aludiendo, a posibles ajustes de plantilla como consecuencia de una menor capacidad operativa y mayor carga administrativa.

Otro de los aspectos que genera preocupación en la patronal es la complejidad técnica del nuevo sistema de registro horario que plantea el anteproyecto. “Los nuevos requerimientos son de muy difícil cumplimiento”, señalan, citando la falta de infraestructura digital adecuada y a las carencias en competencias tecnológicas de muchos trabajadores.

Esta situación afectará, en especial, a las empresas de menor tamaño y a aquellos sectores en los que no se ha podido implementar aún una digitalización efectiva, dificultando el cumplimiento de la norma en condiciones razonables.

Sobre el derecho a la desconexión digital, que también se incluye en el nuevo marco normativo, desde CEOE comparten los objetivos generales, pero recuerdan que “este ya está suficientemente preservado en la normativa vigente”. En este sentido, consideran innecesario reforzar por ley algo que ya se contempla en las actuales condiciones laborales.

Finalmente, CEOE Ávila hace un llamamiento expreso al Gobierno y al conjunto de las fuerzas parlamentarias para que, durante la tramitación de la ley, se introduzcan medidas correctoras que tengan en cuenta “un adecuado análisis de impacto económico”. Para la organización, solo así se podrá garantizar que la nueva legislación no dañe a la economía ni a los principales generadores de empleo en España.