La formación sostiene que este marco legislativo supone una grave amenaza para el bienestar animal y una restricción innecesaria al ejercicio libre de la profesión veterinaria.

La normativa, enmarcada en las estrategias europeas del Pacto Verde Europeo y ‘De la granja a la mesa’, persigue una reducción del uso de antimicrobianos, especialmente antibióticos, en animales de un 50% antes de 2030. Sin embargo, desde Vox critican que se trata de una medida "ideológica, desproporcionada y perjudicial", que no ha contado con el consenso del sector veterinario.

Fernando Toribio, diputado provincial de Vox, cree que la Ley de Medicamentos Veterinarios” no solo representa una injerencia ideológica, sino que somete a los veterinarios a un sistema de control burocrático injustificado que pone en peligro vidas animales”.

Trámites excesivos

En este sentido, denuncia que el sistema digital Presvet, una plataforma de control de prescripción, “impone trámites administrativos excesivos a los veterinarios, incluso en situaciones de urgencia, lo que puede generar consecuencias graves para la salud de los animales” Y asegura que el sistema “obliga a los profesionales a realizar trámites excesivos incluso en situaciones de emergencia, retrasando tratamientos y provocando muertes evitables”.

Vox reclama la devolución de la plena libertad clínica a los veterinarios, quienes, según defienden, son los únicos capacitados para decidir, con base en criterios técnicos y no políticos, el tratamiento adecuado en cada caso, al considerar la ley “una aberración que debe ser derogada por el bien de nuestros animales y de quienes los cuidan”.

La formación pone en valor el papel de los veterinarios como garantes del bienestar animal, lamentando que no se les haya tenido en cuenta durante la elaboración del decreto.

La moción, que se debatirá en el pleno del lunes, quiere instar al Gobierno a derogar de forma inmediata el Real Decreto 666/2023, “por considerar que vulnera la libertad profesional de los veterinarios y representa un riesgo real para la salud animal”; y, si se aprueba, trasladar el acuerdo a las principales instituciones y órganos competentes: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; el Consejo General de Colegios Veterinarios de España; y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.