El interés por las criptomonedas en España no muestra señales de desaceleración. Datos publicados por el Banco de España indican que cerca del 10% de la población adulta española ya ha invertido en activos digitales. Esta creciente popularidad ha captado la atención de las autoridades fiscales, que han intensificado el control sobre la tributación.

Con un aumento en la supervisión fiscal sobre las ganancias obtenidas en criptomonedas, los inversores deben prepararse legalmente para reducir su carga tributaria dentro del marco legal, evitando multas y sanciones. El mercado ha crecido considerablemente, por lo que ahora no basta con elegir las mejores altcoins para invertir.

Las cuestiones tributarias también deben formar parte de las prioridades.

Intensificación del control: Principales impuestos y obligaciones

En los últimos cinco años, el volumen de operaciones con criptomonedas en España ha aumentado mucho, principalmente debido a la facilidad de acceso a plataformas de compraventa. Como consecuencia, Hacienda ha perfeccionado sus herramientas de rastreo, exigiendo a las exchanges centralizadas facilitar información sobre los movimientos de sus usuarios.

Esto incluye el establecimiento de nuevas obligaciones declarativas. Un ejemplo claro de esta vigilancia reforzada es el Modelo 721, que se suma a otras declaraciones, como el Modelo 720. La normativa exige que quienes posean criptomonedas por valor de 50.000 euros o más en plataformas extranjeras, declaren detalladamente estos activos.

Aunque esta medida sigue generando debates, su implementación evidencia que las autoridades están cada vez más centradas en asegurar que los inversores paguen los impuestos correspondientes sobre criptomonedas, tanto por ganancias patrimoniales como por obligación patrimonial.

Además, España ha puesto en marcha procesos de auditoría apoyados en tecnología blockchain. La tecnología de análisis de datos permite a Hacienda detectar transacciones sospechosas, combatir fraudes y aplicar multas importantes en caso de incumplimiento. Por este motivo, es fundamental conocer los impuestos y modelos fiscales aplicables.

El más importante es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este impuesto grava las ganancias y pérdidas derivadas de la compraventa de criptoactivos. Los tipos impositivos oscilan entre el 19% y el 23%, según la cuantía obtenida. Por ejemplo, si un inversor obtiene beneficios al vender Bitcoin, deberá declarar este importe en el IRPF.

El segundo impuesto más relevante es el Impuesto sobre el Patrimonio. Aunque no afecta a todos, este impuesto se aplica a quienes poseen un patrimonio que supera ciertos límites establecidos por cada comunidad autónoma. Las criptomonedas forman parte del cálculo global de los activos, por lo que si un inversor supera el umbral determinado, tendrá que cumplir con esta obligación tributaria.

Modelos de declaración y estrategias legales para reducir la carga tributaria

El Modelo 720 ya obligaba a los residentes fiscales en España a declarar bienes y derechos situados en el extranjero que excediesen los 50.000 euros. Con el Modelo 721, dirigido específicamente a las criptomonedas, la Agencia Tributaria ha reforzado y clarificado el control sobre los activos digitales mantenidos en exchanges extranjeros.

Incumplir cualquiera de estas obligaciones puede dar lugar a multas que, en algunos casos, superan fácilmente los 5.000 euros. Según datos de la propia Agencia Tributaria, el número de expedientes sancionadores por la ausencia o falsedad en la declaración de criptomonedas está aumentando anualmente.

Ante este panorama, muchos inversores buscan alternativas para optimizar la tributación de criptomonedas, siempre dentro del marco legal. Las estrategias varían considerablemente. Una de ellas son los préstamos con Bitcoin como garantía. Es decir, utilizar Bitcoins (u otros criptoactivos) como colateral para obtener financiación en lugar de venderlos.

De esta forma, el inversor consigue liquidez sin generar un "hecho imponible" por ganancias patrimoniales. Por ejemplo, si un usuario posee 1 BTC cuyo valor ha aumentado con el tiempo, al ofrecer este BTC como garantía de un préstamo, no existe la obligación inmediata de declarar ganancias, ya que no se ha producido una venta.

Sin embargo, hay que tener precaución porque, en caso de una caída brusca del precio del activo, la liquidación forzosa del colateral puede conllevar pérdidas y, en ese momento, sí existiría la obligación de tributar sobre cualquier ganancia realizada. Otra opción son las transacciones Peer-to-Peer (P2P), ideales para quienes buscan una mayor privacidad y autonomía.

Estas operaciones se realizan directamente entre particulares sin necesidad de una plataforma centralizada, lo que complica el seguimiento por parte de la Agencia Tributaria, aunque no elimina la obligación de declarar ganancias o pérdidas en el IRPF. Además, múltiples transacciones secuenciales por importes reducidos pueden despertar sospechas sobre evasión fiscal o blanqueo de capitales.

Algunos inversores adquieren tarjetas regalo (gift cards) con criptomonedas para realizar compras sin convertir directamente los criptoactivos a euros. Aunque esta práctica puede retrasar la tributación, un uso excesivo o reiterado de estas tarjetas podría atraer investigaciones por parte de las autoridades fiscales.

Guardar las criptomonedas en monederos privados (cold wallets o monederos de software), además de incrementar la seguridad, dificulta el acceso de la Agencia Tributaria a la información que poseen los exchanges. No obstante, en caso de convertir los criptoactivos en dinero fiduciario, todo el historial de operaciones podría rastrearse fácilmente desde el exchange o desde la entidad bancaria en la que se depositen los euros.