El permiso de la Consejería de Medio Ambiente permite reactivar un proyecto previamente aprobado en 2008 pero cuya vigencia expiró al no iniciarse las obras en el plazo estipulado por la Ley de Evaluación Ambiental.

El proyecto consiste en la extracción de gravas de cuarzo de tamaño mayor a 40 milímetros destinadas a la obtención de cuarzo metalúrgico mediante un sistema de cribado in situ que permitirá el relleno casi inmediato del terreno con el material restante. 

Esta iniciativa se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria debido a que la superficie afectada superará las 25 hectáreas y el movimiento total de tierras excederá los 200.000 metros cúbicos anuales. 

Se prevé una extracción media de 21.333 toneladas anuales de cuarzo precribado para una producción de 16.000 toneladas de cuarzo de calidad metalúrgica, con una duración estimada de la explotación de unos 30 años.

Entre las condiciones que establece la declaración de impacto ambiental para garantizar la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural de la zona se encuentra la exclusión total de las parcelas afectadas por yacimientos arqueológicos como Los Chinarrales, Los Muñigales, Las Malenas y Monte Nuevo.

Además, se exigirán medidas para la protección del suelo, las aguas (superficiales y subterráneas), la fauna, la vegetación, la prevención de incendios forestales, la protección de vías pecuarias y la prevención de la contaminación lumínica y acústica. 

También se deberá llevar a cabo una gestión controlada de residuos y un plan de restauración que permita la recuperación del terreno para su uso agrícola.

Durante el periodo de información pública, según se indica en la orden de la Consejería de Medio Ambiente, se presentaron dos alegaciones fuera de plazo y se recabaron informes de entidades como la Confederación Hidrográfica del Duero y los servicios territoriales de Medio Ambiente, Movilidad y Cultura de Ávila. Con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la ejecución del proyecto deberá comenzar en un plazo máximo de cuatro años, debiendo el promotor comunicar el inicio de la actividad al órgano ambiental.