El secretario de Actividades Clasificadas y Prevención de Riesgos Laborales, Francisco Javier Villa, considera que la Junta “está desmantelando el único cuerpo armado” desde que en octubre les obligó a entregar sus armas.

“La Junta debería haber adoptado otras medidas, no la retirada de las armas”, por “el riesgo que conlleva su actividad”, al quedar así en “clara desventaja e inferioridad de condiciones ante furtivos o pirómanos”, o responsables de vertidos o de residuos peligrosos, “actividades consideradas en muchas ocasiones como infracciones muy graves e incluso delitos, lo que conllevaría la  pena de cárcel para el infractor”.

Ley de Prevención
Además de incumplir tanto la Ley de de Prevención de Riesgos Laborales, al quitar a los agentes medioambientales “una herramienta que la misma norma dice que este colectivo debe llevar, como el decreto de funcionamiento de los agentes en su legítima defensa”.

La Federación de Servicios Pùblicos de UGT considera que esta y otras medidas tienen como única intención “la privatización del servicio de vigilancia”, que cuenta en Castilla y León cuenta con cerca de medio millar de agentes. En la provincia de Ávila con más de medio centenar.

Otras medidas adoptadas han sido el recorte de medios durante el último año y medio, y la reducción del personal en un 20 por ciento.

Agresión
Un caso reciente constató los problemas que puede provocar: ocurrió en noviembre, cuando un agente medioambiental sufrió una agresión cuando iba a imponer un denuncia. Aún sigue de baja laboral a raíz del incidente.

Villa ha culpado a la Administración autonómica: “les hacemos responsables de lo que pueda pasar, porque ya hay problemas de riesgo de victimación”. El sindicato ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo.