Las universidades privadas españolas, agrupadas en el Foro Emilia Pardo Bazán, han manifestado de forma unánime su preocupación ante el proyecto urgente de reforma del Real Decreto 640/2021, actualmente en fase de tramitación por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dado que la reforma afecta a los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades en España, y ha provocado un rechazo contundente entre los representantes de la enseñanza superior privada.

En un comunicado tras una reunión mantenida en el Ministerio, el foro, del que forma parte la UCAV, ha calificado la propuesta como “inadecuada”, subrayando que no responde ni a la realidad ni a las necesidades del sistema universitario en su conjunto.

Preocupación 
Uno de los puntos que más ha alarmado a las universidades privadas es la redacción de la exposición de motivos que acompaña al nuevo proyecto. Desde el Foro Emilia Pardo Bazán se afirma que “parte de un planteamiento erróneo y ofrece una visión distorsionada de las universidades privadas”, presentándolas como instituciones de menor calidad o interés público. Sin embargo, desde el foro se reivindica que estos centros, al igual que los públicos, “contribuyen a la diversidad del sistema educativo y a garantizar el principio de igualdad de acceso a la Educación Superior”.

En esta línea, las universidades privadas recuerdan que cumplen con la misión esencial de toda universidad: una docencia de calidad, una investigación rigurosa y una adecuada transmisión del conocimiento, pilares fundamentales que aseguran su valiosa aportación al tejido educativo nacional.

Inseguridad jurídica
El foro también ha subrayado con contundencia los riesgos jurídicos que conllevaría la aprobación del nuevo real decreto. Se denuncia que el proyecto normativo “genera una grave inseguridad jurídica y vulnera principios fundamentales como el de irretroactividad”. Esto se debe a la imposición de nuevas obligaciones y requisitos sobrevenidos, que podrían afectar directamente a derechos previamente adquiridos por muchas instituciones universitarias.

Las universidades privadas advierten que estas modificaciones se plantean sin haber agotado todavía los plazos establecidos por la normativa vigente, lo que introduce un nivel de incertidumbre institucional muy elevado. En palabras del propio Foro: “Estas medidas amenazan la estabilidad de las universidades y siembran incertidumbre sobre su futuro y el de todos los estudiantes universitarios”.

Otro de los aspectos más criticados es el supuesto exceso de reglamentación que contiene la propuesta del Gobierno. La entidad sostiene que el nuevo texto legal “invade la autonomía de las universidades, tanto públicas como privadas”, al imponer normas que restringen su capacidad de autogobierno y limitan su libertad para desarrollar sus propios modelos educativos.

Desde el colectivo universitario privado se considera que estas imposiciones “resultan contrarias al respeto institucional que debe prevalecer en el ámbito universitario”, y podrían afectar negativamente la diversidad pedagógica y metodológica de los distintos centros.

Restricciones a la innovación

Uno de los puntos que ha suscitado mayor inquietud es la propuesta de limitar el número de nuevos planes de estudios que pueden ser sometidos a verificación o a modificaciones sustanciales. Para las universidades privadas, esta medida supone un freno directo a la capacidad de adaptación de las instituciones educativas a las necesidades cambiantes de la sociedad actual.

También alerta de que esta limitación “compromete la capacidad de innovación y adaptación que exige el dinamismo del mundo universitario”, impidiendo que las universidades puedan responder con agilidad a los nuevos retos académicos, profesionales y tecnológicos.

El texto normativo, según las universidades privadas, adolece de una falta de coherencia entre los fines que dice perseguir y los medios que propone para alcanzarlos. El Foro Emilia Pardo Bazán advierte que estas incongruencias son consecuencia de una tramitación precipitada y carente del debate necesario con los principales actores del sector educativo.

“El diseño normativo muestra una desconexión entre los fines perseguidos y los medios establecidos”, indican desde el foro, subrayando que la urgencia con la que se plantea la reforma pone en riesgo la calidad y la pluralidad del sistema universitario español.

Como conclusión, el Foro Emilia Pardo Bazán ha hecho un llamamiento al Gobierno para que reconsidere el contenido del proyecto normativo en tramitación. Se solicita una revisión profunda del diagnóstico que lo motiva y un reajuste del marco legal que se quiere implementar.

Las universidades privadas insisten en que “todas las universidades, tanto públicas como privadas, deben poder continuar contribuyendo eficazmente al desarrollo de un sistema educativo diverso, accesible y de calidad”.