En concreto, los parlamentarios han denunciado la ausencia de documentación solicitada hace casi seis meses sobre los tramos de esta infraestructura entre Maqueda (Toledo) y Ávila, así como entre la capital y su conexión con la autovía A-6.

La petición original de información, fechada el 2 de octubre de 2024, requería al Ejecutivo central la remisión de expedientes administrativos, informes, contratos y comunicaciones internas y externas vinculadas a la segunda modificación del estudio informativo del tramo Ávila-Maqueda, así como sobre el desarrollo del tramo que conecta Ávila con la A-6. Sin embargo, según denuncian los diputados, la respuesta del Gobierno, emitida el 13 de noviembre, fue insuficiente.

“El Gobierno despachó el asunto el 13 de noviembre con una lacónica respuesta por escrito en la que nos dice que, debido al volumen de los expedientes solicitados, no es posible facilitar una copia de estos”, afirman los diputados. La única alternativa ofrecida fue la consulta presencial de los expedientes en la sede de la Dirección General de Carreteras, con cita previa en la Subdirección General de Planificación y Explotación. No obstante, aseguran que “durante estos meses no ha fijado dicha cita pese a los innumerables intentos” realizados por ambos parlamentarios.

Opacidad
Los representantes del PP expresan su preocupación por la opacidad con la que se está gestionando el acceso a esta documentación. “Conocemos el estilo del Gobierno de Pedro Sánchez, destruyendo documentos y pruebas, o redactando expedientes fake a posteriori, así que es muy probable que el ministerio pretenda ocultar información a los abulenses o bien inventarse documentos que avalen sus injustificados argumentos sobre este asunto clave para el futuro de nuestra provincia”, sostienen.

Según los diputados, lo que hace el Gobierno es “obstaculizar la labor de dos representantes de la soberanía nacional que tienen derecho a acceder a esa información, como consagran la Constitución y el reglamento de la cámara”.

Los diputados consideran que la negativa del Ministerio de Transportes a entregar la información requerida no solo vulnera derechos constitucionales, sino que demuestra una actitud “intolerable” por parte del Ejecutivo. “La obligación del Gobierno es suministrar copia de la información solicitada y no pronunciarse sobre su volumen, ni decidir a partir de qué cantidad de folios y con qué criterios se puede considerar voluminosa o no. Lo único que debe hacer es dar las órdenes oportunas a quien corresponda para fotocopiarla y remitirla”, sentencian.

Los parlamentarios esperan que la presidenta del Congreso “se dirija al Gobierno reiterándole su obligación constitucional de entregar inmediatamente toda la documentación requerida por los diputados del Grupo Popular”.