Este sindicato alerta del “crecimiento de la enseñanza concertada en la etapa de Primaria, frente a la pública”, causado por “una implantación deficitaria del primer ciclo de Educación Infantil en centros docentes públicos”.

 
Según señala, en esta implantación “no se tuvieron en cuenta algunas de las propuestas por parte de centros públicos para instalar aulas en los mismos y, por ello, en la actualidad se ve afectada la matriculación de alumnado”.

En este contexto, sostiene que la “inyección económica” para Castilla y León proveniente de los fondos europeos para invertir en esta materia educativa supone más de 3.000 plazas escolares, que “deben ser justificados ante Unión Europea en base a unas condiciones impuestas”.

 
Una de estas condiciones es la creación de plazas exclusivamente de titularidad pública enmarcadas en el 'Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública'. En su gestación, unos cursos atrás, este proceso “se ocultó de manera deliberada, lo que en su opinión resulta “muy relevante por la existencia de pretensiones de empresas con ánimo de lucro dentro de la enseñanza privada”. 

Zona rural

La Federación de Enseñanza de CCOO señala que el resultado actual es “la escasez de centros con vacantes a ofertar en esta etapa”.

 
Por otro lado, indica que la zona única de escolarización y la libertad de elección de centros, de la que “hace apología la Administración”, además de ser “contraria a las condiciones de la Unión Europea” para el uso de los fondos asignados a la región de Castilla y León, “queda en entredicho en cuanto se analice la zona rural”.

En ella, sus alumnos “no tienen alternativa alguna, porque sólo llega la enseñanza pública debido a que no supone pingües beneficios económicos”. 

Ante esta situación, Comisiones Obreras ha instado a la Administración autonómica a “cumplir con la normativa europea, haciendo una correcta gestión de los fondos europeos Next Generation, resultando imprescindible la aplicación de los mismos dentro del ámbito público de forma exclusiva”.

Este sindicato considera “inadmisible la deriva a la que la enseñanza pública se está viendo relegada”, como consecuencia de una implantación “raquítica del ciclo 0-3 años en centros exclusivamente públicos”.