"Castilla y León vuelve a ser número uno" y "un ejemplo a seguir", en unos resultados que "no son fruto de la casualidad, sino del trabajo constante del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su equipo". Castilla y León se mantiene como un referente en servicios sociales, siendo evaluada de forma independiente por técnicos especializados en la materia, ha destacado.

En la provincia de Ávila actualmente hay 9.169 personas con una prestación de dependencia reconocida. Esto supone que el 99,5% de los solicitantes están atendidos, lo que confirma la “eficacia del sistema” en la Comunidad. Además, el número total de prestaciones concedidas asciende a 12.745, ya que muchas personas reciben más de una ayuda, combinando servicios como teleasistencia, ayuda a domicilio o comidas a domicilio.

Uno de los puntos destacados es la teleasistencia 2.0, de la que ya se benefician 3.859 personas en la provincia. García Nieto subraya que Ávila “ha sido pionera en la implementación de este tipo de tecnología, que permite una atención ágil y eficaz a los usuarios".

En cuanto a la ayuda a domicilio, 3.639 personas reciben asistencia en sus hogares, permitiendo a muchos dependientes mantener su autonomía el mayor tiempo posible. En lo que respecta a plazas residenciales, Ávila cuenta con 3.680 plazas para mayores en centros especializados, posicionándose como la provincia con mejor relación entre plazas residenciales y población dependiente atendida. Además, hay disponibles 467 plazas en centros de día para aquellos que requieren atención temporal o parcial.

Expedientes
Uno de los aspectos más destacados del informe es la rapidez con la que Castilla y León resuelve los expedientes de dependencia. En la Comunidad el tiempo medio para resolver un expediente es de 119 días, mientras que la media nacional se sitúa en 334 días. "Somos la primera comunidad en agilidad de resolución, resolviendo en la mitad del tiempo establecido por la ley, que marca un máximo de seis meses", ha recalcado  García Nieto.

La situación se refleja también en la creación de empleo en el sector. Desde el último informe, se han generado 339 nuevos puestos de trabajo, alcanzando un total de 39.814 empleos directos vinculados a la dependencia. Esto representa el 11,21% del empleo en servicios sociales de toda España, con 63,5 empleos generados por cada millón de euros invertido en dependencia.

Uno de los aspectos en los que ha insistido el procurador del PP es la financiación de la dependencia. Según la legislación de 2006, el Estado debería asumir el 50% del coste, mientras que la comunidad autónoma cubriría el otro 50%. Sin embargo, García Nieto denunció que "el Gobierno de España ha estado aportando solo entre el 20% y el 22% durante años". Aunque en la actualidad la contribución estatal ha aumentado hasta el 36,8%, sigue estando por debajo del compromiso legal.

En cifras, Castilla y León destina 816 millones de euros a la dependencia, mientras que el Estado aporta 300,6 millones de euros. "Es fundamental que el Gobierno cumpla con la ley y llegue al 50% de financiación que nunca ha alcanzado", ha reivindicado el procurador popular.

A pesar de los buenos resultados, García Nieto reconoció que siempre hay margen para mejorar: "¿Se puede hacer más? Por supuesto. ¿Se puede hacer mejor? También. Pero hoy podemos decir con orgullo que en Castilla y León las personas con más dificultades están mejor atendidas que en ningún otro sitio de España".