La nueva ordenanza tiene como objetivo prevenir actuaciones que perturben la convivencia ciudadana y proteger el patrimonio urbanístico y arquitectónico de la localidad. Según se detalla en su texto, se busca “velar por la seguridad y salubridad de los espacios públicos”, estableciendo sanciones para aquellas conductas incívicas que atenten contra el mobiliario urbano y el orden público.

El ámbito de aplicación abarca tanto bienes de titularidad municipal, como calles, plazas, parques, edificios públicos y mobiliario urbano, así como bienes de otras administraciones que formen parte del equipamiento público. También se incluyen elementos visibles desde la vía pública, como fachadas de edificios privados y jardines.

La ordenanza establece diversas obligaciones y prohibiciones para los ciudadanos, entre las que destacan los daños y alteraciones en el mobiliario urbano. Por ejemplo, queda prohibida cualquier actuación que implique su deterioro, como roturas, incendios, pintadas o colocación de elementos publicitarios sin autorización.

Parques y jardines

Respecto a la protección de parques y jardines, se prohíbe arrancar árboles y plantas, subirse a ellos o dañarlos de cualquier manera; sobre la limpieza viaria y residuos se obliga a los ciudadanos a depositar la basura en los contenedores adecuados y se sanciona el abandono de residuos en la vía pública; y también, respecto al uso indebido de espacios públicos, no se permite acampar sin autorización ni encender hogueras en la vía pública.

Las sanciones por infracciones que determina la ordenanza son multas que oscilan entre los 150 y los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, en algunos casos, se podrá imponer la clausura temporal de establecimientos.

La ordenanza tipifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Entre las leves se encuentran la falta de respeto a las normas de parques y jardines o el uso inadecuado del mobiliario urbano. Las graves incluyen la realización de pintadas sin autorización, impedir el uso de espacios públicos por otros ciudadanos o el incumplimiento de las normas de limpieza. Las muy graves contemplan la tala de árboles sin permiso, incendios intencionados o actos que pongan en riesgo la seguridad de las personas.

El procedimiento sancionador será competencia del alcalde y se ajustará a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Además, se prevé la posibilidad de sustituir sanciones económicas por trabajos en beneficio de la comunidad.