Los hechos ocurrieron en marzo de 2020 en un domicilio de Ávila, donde el procesado residía junto a su esposa, y los dos hijos de ésta. En una fecha situada en torno al 21 de marzo, sobre las 22,30 horas, el acusado habría accedido a la habitación de la menor mientras ella dormía vestida con pantalón de pijama y camiseta. Según el relato de la fiscalía, procesado se habría metido en la cama de la niña, sujetándola con fuerza para evitar que se defendiera y bajándole los pantalones del pijama para, posteriormente, introducirle varios dedos en la vagina. El acusado le habría ordenado que si chillaba lo iba a pagar.

La menor logró reaccionar y propinarle un golpe con el codo en el rostro, momento en el que sonó la alarma del teléfono del acusado, que le avisaba del regreso de la madre, que se encontraba trabajando. 

Según el relato de la acusación, la niña “reaccionó revolviéndose contra” el hombre, “logrando hacerle un arañazo pequeño que le dejó señal en la parte derecha de la cara del procesado”. El procesado abandonó la habitación, pero a la mañana siguiente habría amenazado a la niña diciéndole que, si contaba lo ocurrido, lo pagaría su madre y su hermano. La menor, atemorizada, no reveló los hechos hasta después de que su madre echara de casa al acusado.

Como resultado de los hechos, la menor continúa recibiendo tratamiento psiquiátrico y psicológico, con intentos autolíticos reportados en su historial clínico, según indica la acusación particular.

Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular consideran los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, tipificado en los artículos 183.1, 2, 3 y 4 d) en relación con el artículo 192 del Código Penal.

La Fiscalía solicita para el hombre una pena de 14 años de prisión y prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la menor o comunicarse con ella por cualquier medio por un periodo superior en cinco años a la condena de prisión impuesta. Además, se solicita una medida de libertad vigilada de siete años y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores por un tiempo superior en cinco años a la pena privativa de libertad.

En cuanto a la responsabilidad civil, se reclama una indemnización de 15.000 euros a la menor en concepto de daños morales y psicológicos.

Por su parte, la acusación particular solicita una pena mayor, 15 años de prisión, además de las mismas restricciones y medidas de libertad vigilada que el ministerio fiscal. La indemnización reclamada por la acusación particular asciende a 20.000 euros.

La defensa del acusado ha manifestado su total disconformidad con los escritos de acusación y solicita la absolución. Este caso se sustanciará en el juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Ávila el próximo miércoles 12.