Dicho procedimiento se pondrá en marcha una vez decretada la zona como gravemente afectada por emergencia de Protección Civil, antigua zona catastrófica. Las ayudas consistirán en la reparación de infraestructuras esenciales y otras medidas necesarias para el restablecimiento de los servicios públicos.

Esta iniciativa parlamentaria ha sido promovida por los dos procuradores socialistas de Ávila, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, esta última ponente de la misma en la Comisión de Presidencia celebrada el lunes.

La proposición fue aprobada con la abstención del PP, “tras casi un año de espera para que fuera tramitada”, lo que fue criticado por Blázquez, que reprochó a los populares la tardanza.

La propuesta se registró a raíz  de las inundaciones provocadas en La Moraña por la borrasca Juan en enero de 2024 y “ante la necesidad de que las ayudas más urgentes”, como infraestructuras y servicios básicos, “corrieran a cargo de la Junta de Castilla y León, por su proximidad y amplio despliegue competencial”.

Cuantía necesaria y suficiente

El segundo de los puntos de la propuesta socialista, solicitaba a la Junta que habilite ayudas con la cuantía “necesaria y suficiente” para cubrir los costes de los daños producidos exclusivamente por las inundaciones.

Se trata de algo que se ha materializado en el tiempo transcurrido entre la presentación de la proposición y su debate, "aunque de forma insuficiente" a juicio de Soraya Blázquez, porque “sigue dejando en manos de los ayuntamientos el 20% de los gastos, mientras que la Junta abona un exiguo 30” y al Estado le corresponde el 50%”.

La propuesta incluyó una adición planteada por Vox en la que se insta al Gobierno de España a establecer plazos máximos para dar cauce a las ayudas previstas en los diferentes fondos de contingencia, para "agilizar la percepción de las mismas".