Ambas hermanas -que según han confesado ellas mismas durante el juicio, no han mantenido nunca una buena relación- se han sentado este miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ávila para defender su inocencia sobre unos hechos que ocurrieron hace 14 años. 

Según se ha podido conocer durante la vista oral a partir de las diferentes declaraciones, todo surgió a raíz del litigio civil que mantenía una de las hermanas con su exmarido como consecuencia del divorcio. Y es que el hombre, tras ser despedido y quedar en situación de desempleo, solicitó una modificación de medidas para pagar menos de pensión a su exmujer y ahora acusada. 

Durante el juicio de aquella modificación de medidas, según ha declarado el exmarido, el entonces abogado que también era el marido de la acusada, preguntó al exmarido y denunciante en esta causa sobre la prestación exacta que iba a percibir por desempleo: “cuando me interrogó su abogado y marido, dijo la cantidad exacta”, ha recordado el exmarido. 

Detonante

“-¿Qué pregunta le hizo?, le ha preguntado el fiscal al exmarido durante el juicio este miércoles. 

“-¿No es cierto que a usted se le ha concedido la capitalización del paro que ha solicitado? Y le dije: bueno, sí, yo he solicitado la capitalización, pero no sé ni si se me ha concedido, ni la cantidad. Porque tienen que hacer un estudio de lo que tú pides, de lo que te corresponde y de si se te concede. Y él instó de nuevo diciendo la cantidad exacta de la capitalización que teóricamente me habían concedido”, ha recordado el exmarido sobre lo sucedido hace 14 años. 

“-¿Usted la sabía en ese momento?”, ha preguntado de nuevo el fiscal. 

“-No la sabía. Ni que me la habían concedido”, ha respondido el exmarido. 

Y ese fue el detonante que, 14 años después, ha llevado a las dos hermanas a sentarse en el banquillo. Cabe mencionar que el abogado y entonces pareja de la ahora acusada, también debía haberse sentado en el banquillo como acusado, pero no ha sido así, puesto que ha fallecido. 

Siguiendo con los hechos, ese motivo, llevó al exmarido a poner una queja en el INEM ante las sospechas. Días después, el subdirector general le informó que el caso había sido remitido a instancias superiores en Madrid al tratarse de un delito muy grave. Además, le aseguraron que los terminales desde los que se accedió y filtró su expediente estaban identificados, informándole que se actuaría con la máxima diligencia. Y es que la acusada ha sido sancionada administrativamente por esta infracción. 

Aunque, posteriormente, el exmarido ha reconocido que un mes antes, el SEPE se lo había abonado en su cuenta bancaria, pero que al no mirar diariamente la cuenta, no se había percatado de ello. Por tanto, no tenía conocimiento de ello el día que se celebró la vista por la modificación de medidas. 

¿Cómo pudo saber el abogado cuánto iba a percibir por desempleo el exmarido?

Ha sido la propia hermana de la exmujer quien ha reconocido que accedió hasta en tres ocasiones a los datos del exmarido, ya que trabajaba en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y por ello ha sido sancionada administrativamente. Pero no lo hizo con ningún otro afán que no fuera para aprender y practicar, puesto que acababa de llegar a una de las oficinas de atención telefónica y necesitaba practicar con expedientes reales, según ha declarado. 

“Los expedientes de capitalización no son expedientes que entren todos los días. En el servicio que yo estaba ocupando, necesitaba conocer de todas las prestaciones, porque yo daba información a los usuarios, además de gestionar las prestaciones. Necesitaba el conocimiento de todos ellos. Me surgían preguntas y dudas del expediente y las consultaba”, ha confesado la acusada a preguntas del Ministerio Público. 

“Es cierto que accedí a la base de datos, eso nunca lo he negado. Desde el primer momento, lo admití. Pero lo único que hice fue acceder a un expediente con un propósito didáctico. Si en algún momento hubiera querido cometer algún delito, con entrar o acceder una sola vez hubiera bastado, porque la información siempre es la misma. Tener conocimiento de una cosa, no significa utilizarla y yo jamás he divulgado el contenido de ese expediente. Esa información no ha salido nunca de las oficinas del SEPE”, ha reconocido en su derecho a la última palabra. 

Por su parte, su hermana y exmujer de la acusación particular, ha manifestado no tener conocimiento de los litigios que estaba gestionando en su nombre su marido de aquel entonces, con su exmarido: “Mi abogado era mi marido y como esta no era la primera situación administrativa con esta persona y nos afectaba tanto como pareja, como a mí laboralmente, decidimos que él se encargaba de todo. Yo simplemente voy a juicio y eso es todo. Pero yo nunca he sabido de nada”. 

Por todo ello, las defensas de las acusadas piden la libre absolución de ambas. La defensa de la trabajadora del SEPE al considerar que la información consultada jamás salió de la administración, mientras que la defensa de la exmujer ha argumentado que cualquier abogado de familia puede calcular con exactitud la capitalización que va a percibir una persona por desempleo. Además de considerar que la imputación de su clienta está basada en una casualidad: que los accesos, el uso de la información y el litigio civil coinciden en el tiempo. 

Penas de cárcel

La fiscalía “no cree en casualidades” y pide para la trabajadora del SEPE tres años de prisión y 20 meses de multa al considerar que las pruebas son contundentes, no solo por la confesión. Para el Ministerio Público, la justificación del aprendizaje se “cae por su propio peso”, porque accede a los datos de su excuñado justo en el momento en el que solicita la modificación de medidas. “Blanco y en botella”, ha defendido la fiscalía, “no hay duda de cuál era el propósito y la intención de ese acceso ilegítimo” que ha recordado que no requiere tampoco una utilidad. 

Para la exmujer, el Ministerio Público solicita una pena de un año y medio de prisión y multa de 18 meses porque cree que sí hizo uso de la información que le facilitó su hermana para discutir con su exmarido la pensión. 

Por otra parte, la fiscalía no considera que se haya cometido ningún perjuicio para el exmarido, por lo que no solicita ninguna indemnización. Y es que, aunque sí se han filtrado datos personales referidos a la economía, no ha supuesto daños morales. 

Sí pide una indemnización de 40.645 euros la acusación particular a ambas hermanas porque el exmarido tuvo dos procedimientos con el INEM, provocándole inconvenientes en el desarrollo de su negocio y un embargo. También pide las mismas penas de cárcel que la fiscalía para las dos acusadas.