Del Viernes, 26 de Septiembre de 2025 al Miércoles, 15 de Octubre de 2025
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Piedrahíta ha ordenado, a propuesta del ministerio fiscal, la incautación y conservación de las obras de arte del monasterio de las carmelitas.
La decisión se enmarca en la incertidumbre sobre la titularidad de los bienes muebles, entre ellos obras como el Cristo de Alonso Cano, que fueron trasladados en octubre de 2023 a Salamanca por la asociación Mater Unitatis, propietaria del convento del Amor y Madre de Dios de Piedrahíta, después de que las monjas carmelitas se hubieran marchado del cenobio.
El auto judicial establece que las obras de arte permanecerán en el convento de San Andrés de Salamanca, donde se encuentran actualmente en buen estado de conservación. Según el documento, la decisión responde a la necesidad de "evitar la destrucción o desaparición de las piezas" y de garantizar su seguridad mientras se resuelve el litigio.
La Fiscalía sostiene que el proceso penal se centra en esclarecer la propiedad del convento de Piedrahíta y de los bienes muebles en su interior. En este sentido, el auto subraya que "derivado de la controversia, es necesario acordar la incautación y conservación de las obras de arte que se llevaron del convento mientras dura el presente proceso". No obstante, el tribunal ha determinado que no es necesario su traslado a Ávila o Piedrahíta, ya que, en caso de sobreseimiento de las actuaciones, las piezas deberán regresar a Salamanca.
Custodia
Asimismo, el juzgado ha advertido a Mater Unitatis y a los responsables del convento de San Andrés que "las obras de arte extraídas del convento de Piedrahíta quedan a disposición” del juzgado, medida que busca garantizar la custodia de los bienes mientras se resuelve su titularidad.
Dentro de las diligencias adoptadas, el tribunal ha acordado citar a declarar al vicario general del Obispado de Ávila en calidad de testigo. Su comparecencia se ha fijado para el próximo 24 de marzo. Esta decisión responde a la petición de la Fiscalía, que considera necesaria su intervención para esclarecer los hechos relacionados con el traslado de las obras de arte y la posible potestad de Mater Unitatis sobre los bienes en litigio.
El auto destaca la relevancia de su testimonio en el proceso, dado que se busca determinar si el traslado de las obras fue realizado de manera legal y con la debida autorización eclesiástica. Además, se pretende dilucidar si el Obispado de Ávila tiene información que permita esclarecer la propiedad de los bienes muebles que salieron del convento.
En paralelo, el juzgado ha solicitado al Ayuntamiento de Piedrahíta un informe sobre los posibles derechos históricos que la localidad pudiera ostentar sobre los bienes en litigio.
En concreto, se ha pedido al Consistorio que documente cualquier adquisición, restauración o donación realizada por el municipio respecto a las obras de arte objeto de la denuncia. Para ello, se ha instado a recabar información a través de archivos municipales o informes elaborados por el cronista oficial de la villa, el archivista municipal o el conservador municipal, en caso de que existan.
Paso decisivo
Tras esta decisión judicial, la asociación Alma Máter considera que se trata de “un paso paso decisivo para garantizar la protección del patrimonio cultural, y confirma que la intervención judicial puede ser un primer paso para que las obras vuelvan al convento y para que sigan formando parte del bagaje cultural de la villa y del Valle del Corneja".
A la vez, la asociación dice estar “a la espera” de que la Junta incoe el expediente para declarar el convento de Piedrahíta como bien de interés cultural (BIC). En este sentido, la presidenta, Ester Bueno, señala que “desde el momento en que se presentó la solicitud, el bien debería haber estado protegido, evitando que las obras de arte se dispersaran y garantizando la conservación íntegra del patrimonio cultural de la villa y del Valle del Corneja, cosa que no ocurrió”.
La asociación ha aportado una amplia documentación que incluye estudios técnicos, inventarios, fotografías y numerosas adhesiones de apoyo por parte de administraciones y colectivos, sin embargo, “la respuesta de la Junta es insuficiente y tardía".
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