Estos hechos serán juzgados el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila con estas tres personas como acusadas: una mujer, su hermana, que es trabajadora del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y su cuñado ejerciendo como letrado que representaba en el procedimiento civil de modificación de medidas a su pareja.

En el escrito de acusación, el fiscal argumenta que los tres actuaron "con concierto y de común acuerdo, con la intención de evitar que se disminuyera la cuantía de la pensión de alimentos instada a través de demanda de modificación de medidas por el exmarido" de una de las acusadas el 29 de enero de 2010, con el objetivo de "averiguar la cantidad que iba a percibir por prestación por desempleo".

Con ese objetivo, la trabajadora del Servicio Público de Empleo Estatal en El Tiemblo consultó hasta en cuatro ocasiones "sin estar autorizada para ello y sin justificación" los datos de su excuñado para "evitar que se disminuyera la pensión alimenticia que tenía su hermana y poder saber la cantidad de pensión por desempleo que iba a recibir". Lo hizo, a juicio del fiscal, "de común acuerdo" con su hermana y su cuñado.

Tras averiguar la cantidad que iba a percibir por desempleo su excuñado (1.180 euros mensuales), "lo puso en conocimiento de su hermana, y ésta a su vez a su marido y a su vez letrado que la representaba en el procedimiento de medidas provisionales coetáneas seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Móstoles". Así, podían "utilizar" los datos durante el procedimiento civil y "evitar que se le modificara la cuantía de la pensión alimenticia".

Revelación de secretos

En sus conclusiones, el fiscal cree que estos hechos son constitutivos de un delito de revelación de secretos del artículo 197.1 2 del Código Penal del que debe responder penalmente el matrimonio. También son constitutivos de un delito de revelación de secretos, aunque en diferente grado, para la tercera acusada, al ser funcionaria del Servicio Público de Empleo en la provincia de Ávila.

Por ello, la fiscalía solicita para esta última tres años de prisión y 20 meses de multa, a razón de  diez euros diarios durante 20 meses, por el delito del artículo 197.1 y 2 en relación con el artículo 198 del mismo texto legal. Además, pide inhabilitación absoluta por tiempo de seis años.

"Alternativamente, procede imponer" a la funcionaria "por el delito del artículo 417.1 y 2 la pena de prisión de tres años y multa de 15 meses a una cuota diaria de diez euros y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 15 meses", según el fiscal, teniendo en cuenta la calificación del delito que realice el juez.

Por su parte, el ministerio público pide una pena de un año y medio de prisión y multa de 18 meses a una cuota diaria de diez euros para el matrimonio.

Acusación particular

La acusación particular pide las mismas penas para los tres acusados, es decir, cuatro años de prisión por revelación de secretos, así como una multa, en cada caso, de 15 euros diarios durante 24 meses. Además, en el caso de la funcionaria, plantea su inhabilitación absoluta durante 12 años, al actuar "prevaleciéndose de su cargo".

En concepto de responsabilidad civil, plantea que los acusados respondan de forma "conjunta y solidaria" a las indemnizaciones por importe de 40.645 euros: 40.000 por los "daños morales" causados a su representado y los  645 euros restantes por "la diferencia que se dejó de aplicar durante el mes en el que siguió vigente la pensión alimenticia anterior, no habiendo aplicado la reducción que correspondía por la revelación de la información objeto de acusación (1.145 euros en la resolución de las medidas provisionalisimas a 500 euros tras la sentencia sobre modificación de medidas)".

Las defensas se muestran disconformes con el escrito de acusación tanto del Ministerio Fiscal, como de la acusación particular, y piden la absolución de sus defendidos.