El Seprona detectó en 2024 un repunte en los delitos relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio. Entre las infracciones más comunes en esta materia se encuentran los vertidos ilegales y la construcción en zonas no autorizadas o protegidas. "Son vertidos, construcción en zonas ilegales o sin las autorizaciones correspondientes, autorizaciones que se dan y luego no se respetan", ha apuntado Dorda, subrayando que estos actos pueden tener graves consecuencias medioambientales y legales.

Uno de los problemas fundamentales que enfrenta la Guardia Civil en este tipo de delitos es la falta de conocimiento de la normativa por parte de los ciudadanos y también de algunos gestores de licencias. "Muchas veces los gestores de las licencias no conocen a fondo la complicadísima normativa, como cuando una persona recibe una autorización para realizar una obra y realiza otra que no está autorizada", ha explicado, porque “un ciudadano, sin tener conocimiento completo de lo que está haciendo puede estar cometiendo directamente un delito".

Por ello, Dorda ha hecho un llamamiento a la responsabilidad tanto de particulares como de administraciones para que se aseguren de que las licencias obtenidas se ajustan estrictamente a lo concedido, ya que “es fundamental que cualquier nuevo añadido que requieran realizar en función de esas obras tenga que volver a solicitar la correspondiente autorización”.

Incendios
Junto con los delitos urbanísticos, los incendios forestales siguen siendo la mayor amenaza para el medio ambiente en la provincia. El año pasado, a través del Seprona, logró esclarecer varios incendios en la provincia, logro significativo dada la complejidad de estas investigaciones.

"Siempre digo que la investigación de incendios forestales es buscar una aguja en un pajar” y en 2024 “conseguimos localizar a la persona que estaba detrás de varios incendios importantes en la provincia de Ávila”. Su impacto ambiental y económico es considerable, por lo que su prevención y resolución sigue siendo una prioridad, ha destacado. Otra de las problemáticas es el incremento en los incidentes de aves protegidas que chocan contra tendidos eléctricos.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio histórico, Dorda informó que en los últimos meses no se ha detectado ningún delito grave en este ámbito, sin embargo, la Guardia Civil sigue realizando numerosas actuaciones inspectoras en colaboración con administraciones locales y autonómicas.

“Patrimonio no solamente son los grandes yacimientos ni las grandes joyas que tiene esta provincia. También son algunos elementos históricos que personas particulares tienen en sus propias fincas, generalmente sin ni siquiera saber que son patrimonio inventariable", ha explicado. En estos casos, los propietarios no suelen enfrentarse a sanciones, pero tienen la obligación de permitir el acceso a investigadores y especialistas para su estudio. 

Los delitos contra el medio ambiente representan entre el 5% y el 10% de la delincuencia total en la provincia de Ávila, según los datos manejados por la Guardia Civil. Aunque su proporción es menor en comparación con otros tipos delictivos, como la ciberdelincuencia, que es de entre el 25 y 30%, su impacto es significativo en la preservación de los ecosistemas y el ordenamiento del territorio, y por su repercusión a largo plazo.