La propuesta, defendida por el procurador socialista Miguel Hernández, en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio celebrada el martes, obtuvo el respaldo del Grupo Mixto y UPL-Soria Ya, mientras que PP y Vox optaron por la abstención.

El Plan de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos debía haberse aprobado en 1997, según establecía el mandato legal de 1996. Sin embargo, ha permanecido “en los cajones de la Junta desde entonces”, a pesar de los reiterados llamamientos a su aprobación, según Hernández.

El procurador recordó que en 2019 ya se aprobó una resolución idéntica presentada por su partido, pero nunca se llevó a cabo. "Es una falta de voluntad y una burla del Partido Popular a los 28 municipios del Parque Regional de la Sierra de Gredos, a la ciudadanía y al propio funcionamiento de la Junta de Castilla y León", denunció.

El procurador del PSOE ha lamentado que, durante el debate en la comisión, la procuradora del PP y alcaldesa de Zapardiel de la Ribera, María Ángeles Prieto, justificó la demora en que "se está trabajando sin prisa, pero sin pausa", a lo que respondió Hernández: “menos mal que es una prioridad de la Junta, porque dios nos coja confesados a quienes estén en la quinta".

El socialista también criticó la falta de acción del Gobierno autonómico y señaló que en su propio municipio, Candeleda, nadie de la Junta se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento ni con el Grupo de Acción Local del Bajo Tiétar para avanzar en la aprobación del plan.

Directrices

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Gredos, que ha caducado, establecía las directrices generales para la protección de este espacio. Sin embargo, para garantizar la conservación y el desarrollo sostenible de la zona es necesario un instrumento más específico: el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

El PRUG es el documento básico de regulación de los parques y reservas naturales. Su objetivo es fijar normas de uso y gestión, definir la zonificación del espacio protegido y determinar las medidas concretas para su conservación, de acuerdo con la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León.

Con la aprobación de la proposición no de ley, las Cortes instan a la Junta a aprobar el PRUG antes de que finalice 2025.