La asociación, presidida por José Manuel Bello Montes, argumenta que la licitación presenta deficiencias legales que afectan a su validez.

Entre los principales motivos del recurso destacan la falta de cálculo del valor estimado del contrato y del presupuesto base de licitación. Según lo expuesto en el recurso, el pliego incumple lo estipulado en los artículos 100 y 101 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), al no incluir un cálculo preciso del coste total del contrato. “Sin saber el cálculo del valor estimado del contrato, el procedimiento queda huérfano del parámetro en torno al cual podemos verificar si nos encontramos, por ejemplo, ante un contrato sujeto a recurso especial o no”, se indica en el escrito presentado.

El recurso también resalta que el valor estimado del contrato se ha fijado en 155.000 euros, sin considerar todos los costes asociados a la explotación de la plaza de toros. La asociación recuerda que, según la resolución 314/2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACP), la estimación de ingresos por la venta de entradas debe incluirse en el cálculo del valor estimado del contrato. "Este tribunal ha comprobado el aforo de la plaza de toros de Navalcarnero, que asciende a 7.500 localidades. Con cálculos muy conservadores, basados en la compra de un abono por localidad y sin considerar que son cuatro los espectáculos, la taquilla resultaría en 375.000 euros por año, lo que supondría elevar el valor estimado del contrato a 1.270.661 euros”, cita el recurso.

Por otro lado, también denuncia la ausencia del preceptivo estudio de viabilidad económica del contrato, obligatorio según el artículo 285.2 de la Ley de Contratos. Dicho estudio es necesario para determinar la rentabilidad del proyecto y garantizar la libre concurrencia de licitadores. "La falta de un estudio de viabilidad impide a los licitadores potenciales analizar de manera real la viabilidad y rentabilidad futura de la concesión, lo que limita la participación y competencia en el proceso de licitación", expone la Asociación Española de Promotores de Espectáculos Taurinos.

Ante estas presuntas deficiencias, la asociación solicita que se retrotraigan las actuaciones al momento previo a la aprobación de los pliegos y se realicen los estudios y cálculos correspondientes. De este modo, se podría garantizar que el proceso de licitación se ajuste a la legalidad vigente y ofrezca las garantías necesarias para los licitadores.