Critican el anteproyecto porque se trata de “una reforma que restringe los derechos y libertades de las mujeres, cercenando un derecho tan básico como es el de la mujer a decidir sobre su maternidad, un derecho propio de su esfera personal y privada que no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios”.

Frente a esto defienden una ley en la que se contemple, “como mínimo, la prevención contra los embarazos no deseados con una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, con la coeducación real y efectiva, con la transmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres”.

Sin tutelas
También que permita a las mujeres “interrumpir su embarazo en el momento y por las razones que desee, sin restricciones, sin plazos y sin tutelas; una ley que regule la objeción de conciencia para que ésta no sea una coartada de la clase sanitaria más reaccionaria; una ley que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican”.

Según IU, los cambios planteados supondrán “un grave retroceso a la conquista de derechos conseguida con mucho esfuerzo y una lucha de tantos años”, con la vuelta a una ley de supuestos, “fórmula empleada en la ley de 1985 y a la que la mujer ha estado sometida hasta el 2010, situando España junto a los países más restrictivos y a la cola de los más avanzados en materia de libertades y derechos humanos”.