En dicha moción, Toribio propone recuperar la normativa anterior, ya que a su juicio resulta "más equilibrada y eficaz", al tiempo que "garantizaba la seguridad, sin afectar a la privacidad ni a la economía del sector turístico".

 
El portavoz de Vox en la institución provincial considera que la implementación de esta normativa ha generado "un rechazo generalizado en el sector turístico, tanto a nivel local provincial, autonómico y nacional", colocándolo en "una situación insostenible", ya que "obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recabar información personal excesiva y altamente sensible de los viajeros, lo que no solo afecta a la privacidad de las personas, sino que también incrementa de manera innecesaria la carga administrativa".

Desde su punto de vista, "las nuevas exigencias burocráticas perjudican directamente la capacidad de las empresas para atraer turistas". "No podemos permitir que se desincentive la llegada de visitantes a nuestra provincia debido a una regulación que no está a la altura de las circunstancias", ha apuntado Toribio, al tiempo que ha destacado que esta normativa ha generado "una presión financiera sobre las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan sanciones de hasta 30.000 euros si no cumplen con los estrictos requisitos".

Asimismo, ha expresado su preocupación por "los riesgos asociados al tratamiento de estos datos", mencionando los posibles ciberataques y filtraciones que podrían afectar tanto a los clientes como a las empresas.

"El Gobierno no ha garantizado la seguridad técnica para gestionar toda esta información personal, lo que pone en peligro la integridad de los datos y la confianza de los turistas en nuestros servicios", ha subrayado el diputadi de Vox en la Diputación.

Por otra parte, Vox instará al pleno de la Diputación de Ávila del próximo lunes a "consensuar con el sector y reducir los trámites administrativos innecesarios". "Es fundamental que cualquier medida futura se acuerde con el sector, con el objetivo de garantizar la competitividad y la seguridad jurídica a largo plazo para nuestros establecimientos turísticos", ha concluido.