Proponen la elaboración de un reglamento que establezca normas "claras y vinculantes", al entender que el uso de las redes sociales por parte de las instituciones públicas requiere de una gestión "responsable y equilibrada, que garantice que su utilización responda únicamente a los fines propios del servicio público".

Para Por Ávila, estas plataformas permiten difundir información de interés público de manera "rápida, accesible y directa", contribuyendo a "mejorar la transparencia y la participación ciudadana en los asuntos públicos", de ahí que en su opinión resulte "indispensable asegurar que las redes sociales de la Diputación se empleen para proporcionar información veraz y útil para la ciudadanía, difundir las actividades, proyectos y servicios de la institución y promover la transparencia y el acceso a los servicios públicos".

Este grupo considera "imprescindible evitar que estas herramientas se conviertan en instrumentos de propaganda política o en espacios que puedan vulnerar los derechos fundamentales de participación política de los miembros de esta corporación, independientemente de su afiliación o grupo político".

Por ello, Por Ávila pide que se constituya una comisión de trabajo, compuesta por representantes de todos los grupos políticos, personal técnico de comunicación y jurídico, que redacte el reglamento en el plazo de tres meses para su posterior aprobación en el Pleno de la Diputación.

El pasado 23 de diciembre el Grupo Socialista de la Diputación volvió a solicitar un uso institucional de las redes sociales de la corporación, a lo que el presidente de la Diputación, Carlos García, respondió con reproches al PSOE en este asunto y señalando que pondrían los medios para que no sucediera de nuevo.