Los accesos al historial de la denunciante "sin causa justificativa alguna" y "sin el conocimiento, ni consentimiento" de la denunciante, teniendo en cuenta que tampoco era su médico asistencial, se produjeron, a través del sistema Medora del Sacyl, los días 22 de enero, 26 de julio y 21 de noviembre de 2020.

Ambas facultativas eran compañeras en un centro de salud de la provincia y la segunda se encontraba en situación de incapacidad temporal. El caso se resolverá en el juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Ávila el próximo miércoles.

Ante estos hechos, la fiscalía pide, además de los dos años y siete meses de prisión, una multa de 3.420 euros y, como pena accesoria, la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión médica durante nueve años y otros 1.200 euros en concepto de responsabilidad civil.

La acusación particular

Ante estos hechos, la acusación particular pide cuatro años de prisión para la imputada por un delito de descubrimiento y revelación de secretos en su modalidad de acceso. A ello se suma una multa 7.200 euros y 12 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión, así como la prohibición de acercarse a la denunciante a menos de 500 metros por un periodo de cinco años. En concepto de responsabilidad civil pide 50.000 euros.

En su escrito de acusación, la defensa dice que acusada y denunciante "no mantenían una buena relación, entre otras cosas, debido a las discrepancias e inconvenientes derivados de la insistencia por parte de la acusada para que su compañera se reincorporase al trabajo durante el tiempo que permaneció de baja por incapacidad temporal".

Al respecto, señala que la denunciante fue "asediada por su compañera mediante llamadas y mensajes constantes", lo que le obligó a "bloquear su contacto hasta el día de su reincorporación al trabajo".

La defensa dice que no hay delito

Por su parte, la defensa expresa su "total disconformidad con el relato fáctico expuesto" por fiscalía y acusación particular, al entender que los hechos descritos "no se corresponden con la realidad, ni ser ciertos los hechos que se imputan en los escritos de acusación". Así, cree que, "no existiendo delito, no cabe hablar de autoría", de ahí que sostenga que su defendida debe ser "absuelta con todos los pronunciamientos favorables".

Igualmente, subraya el hecho de que la imputada haya ingresado en la cuenta de consignaciones 5.620 euros, que "podría justificar, en su caso, la estimación de la atenuante" de reparación del año, también como "muy cualificada, atendiendo al quantum de la responsabilidad solicitada por el ministerio fiscal de 1.200 euros".