Pilar Gutiérrez, secretaria de Dependencia de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, ha explicado que la ratio ideal sería un gerocultor o auxiliar por cada seis personas dependientes, y un trabajador por cada cinco usuarios no dependientes que sean válidos, “pero la realidad es muy distinta, ya que en muchos centros un trabajador atiende a entre 15 y 20 usuarios”. En turnos de noche, la situación es incluso más grave, con solo dos auxiliares o gerocultores para 90 o 100 usuarios.

Esta problemática afecta tanto a Castilla y León como al ámbito nacional. En la provincia de Ávila, hay aproximadamente 650 trabajadoras, de las cuales 550 dependen de la Diputación y unas 100 están vinculadas al Ayuntamiento de Ávila, cifras que ponen de manifiesto “la necesidad urgente de reforzar el personal y garantizar una atención adecuada”.

En una jornada dedicada al sector de los cuidados, y que ha contado con Jesús Caldera, secretario del Ayuntamiento de Ávila y que como ministro promovió con la Ley de Dependencia, Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, ha expuesto también la precariedad laboral que sufren los trabajadores del sector. “Hay empleados que ganan 300 euros al mes porque solo tienen dos dependientes asignados. Si pierden uno, pueden tardar meses en asignarles otro. Este modelo no permite a los trabajadores vivir dignamente”, ha lamentado.

Control de las empresas
También ha destacado que muchas empresas ven el sector de la dependencia como un nicho de negocio, dejando de lado la calidad del servicio y las condiciones laborales. “Estamos viviendo una época de empresas que podría calificarse como lobos hambrientos, pero que son incluso peores”, mientras la Junta de Castilla y León delega sus competencias en ayuntamientos y diputaciones “pero no ejerce su función de control y vigilancia” y “no les preocupa si el derecho a la ayuda se cumple bien o mal, solo buscan cifras que mostrar”.

La situación laboral también incluye problemas como sueldos que a veces no llegan a los 500 euros, trabajadoras que deben cubrir el costo de su gasolina y jornadas que superan las horas pagadas. “Para que un usuario reciba su derecho, tiene que haber un trabajador con derechos y retribuciones dignas. Si esto no ocurre, la sociedad y la política están fallando”, ha afirmado.

UGT ha pedido a la consejera de Familia que tome medidas inmediatas para mejorar las condiciones laborales y garantizar la calidad de los servicios: “no vale sacar pecho diciendo que 150.000 personas reciben ayuda a domicilio, mientras se ocultan las condiciones precarias de las trabajadoras, por eso hay que actuar con urgencia para cambiar esta realidad”.

Estas declaraciones se han producido en unas jornadas sobre centradas en el futuro del sector de los cuidados, Ana Francés, secretaria de Dependencia de UGT Federal, ha expuesto un balance de la situación del sector de la dependencia en España, destacando los avances alcanzados y los desafíos pendientes. Durante su intervención, subrayó la importancia de abordar el pasado y el presente del sector para consolidar un futuro más digno para los profesionales y los usuarios.

Avances
Francés recordó los hitos conseguidos en las últimas décadas, desde la firma del primer convenio colectivo hace 27 años hasta el octavo convenio marco estatal, firmado en marzo de 2023, tras más de cuatro años de negociaciones. Este convenio incluyó mejoras salariales, reducción de jornada laboral y medidas de salud laboral. También destacó la incorporación de avances legislativos, como el Real Decreto Ley de 2023, que traslada una directiva europea para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar.

“Esperamos que en 2025 se consoliden mejoras como la reducción de la jornada laboral máxima a 37 horas y media, algo que mejorará notablemente las condiciones laborales del sector”, ha afirmado.

A pesar de los logros, Francés hizo énfasis en las carencias que persisten. El sector de la dependencia, que emplea a 400.000 personas en España, sigue siendo “un sector precario, altamente feminizado y marcado por la falta de profesionales formados y motivados”. Además, subrayó la necesidad de revisar los precios de los contratos públicos, que actualmente dificultan la mejora de las condiciones laborales.

“Es urgente modificar la normativa de revisión de precios de los contratos del sector público para garantizar la sostenibilidad de las mejoras laborales”, ha destacado.

Otra problemática señalada fue el incumplimiento de ratios mínimas de personal en centros de dependencia, lo que genera una sobrecarga de trabajo para las empleadas. Además, criticó la falta de coordinación sanitaria y las desigualdades territoriales en la prestación de servicios.

“Es imprescindible aprobar una ley estatal que garantice una cartera de servicios mínimos y ponga fin a las inequidades según el lugar de residencia”, destacó, recordando el compromiso adquirido por el Gobierno con Europa mediante el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por otro lado, Francés celebró los logros alcanzados desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, que ha permitido que más de 1,5 millones de personas sean beneficiarias de derecho efectivo. También resaltó el impacto laboral de la norma, que ha generado entre 600.000 y 700.000 empleos, de los cuales 400.000 son desempeñados por mujeres.