Según aseguran, ha presentado un borrador para aumentar su salario anual a 40.509 euros, junto con un coste adicional de 13.266,84 euros en gastos de Seguridad Social, alcanzando un total de 53.775,84 euros. Esta propuesta llega tras la obligación de devolver 1.950 euros cobrados irregularmente, junto con 765 euros correspondientes a la Seguridad Social, debido a un incremento salarial previamente aprobado de manera unilateral e ilegal, según los concejales de Nuestra Tierra, Vox y una edil no adscrita.

Estos ediles, el alcalde ya había incrementado su sueldo anteriormente bajo la justificación de una supuesta "tradición", una práctica que fue declarada fuera de la legalidad. Como resultado, se le ordenó reembolsar las cantidades percibidas de manera indebida.

Le acusan que en un intento de desviar la atención de estas prácticas, el equipo de Gobierno, junto con un concejal que se marchó de Vox, han señalado a la oposición como responsable de votar en contra del aumento salarial del 2,5% para los trabajadores municipales en el último pleno municipal. Sin embargo, alegan que este aumento es obligatorio por ley y no depende de las decisiones plenarias, por lo que dichas acusaciones han sido calificadas por la oposición como “un intento de confrontar y dividir a la población”.

Adicionalmente, se convocó una reunión con los trabajadores municipales, que califican como “intento de intimidación”. Según la oposición, este tipo de prácticas “son más propias de tiempos pasados” y buscan coaccionar a los empleados para evitar críticas hacia la gestión del actual equipo de Gobierno.

Grave crisis

Estos concejales hablan de “una grave crisis económica del Ayuntamiento que afecta tanto a la gestión financiera como al funcionamiento diario del municipio”, ya que los impagos a proveedores superan los 600.000 euros, con facturas pendientes de pago desde hace más de un año; ingresos insuficientes para cubrir los gastos mensuales, excepto en periodos de recaudación extraordinaria como el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); y una nómina mensual que oscila entre 185.000 y 260.000 euros.

Indican que el área de Tesorería ha emitido advertencias reiteradas sobre la necesidad de reducir gastos, incrementar ingresos y mejorar la gestión de cobros y pagos, pero que estas recomendaciones que “han sido ignoradas sistemáticamente por el equipo de Gobierno”, que deja el Ayuntamiento en “una situación insostenible que pone en riesgo su viabilidad económica”.

También recuerdan que el Consistorio sigue operando con presupuestos prorrogados de la anterior corporación municipal, y que el equipo de Gobierno no ha presentado un plan para ajustar ingresos y gastos, ni ha mostrado transparencia en sus decisiones económicas, lo queja al municipio “al borde del colapso financiero”.

El Gobierno municipal está formado por dos ediles de Por Ávila con el apoyo de un concejal de Vox. La oposición la forman ocho concejales: tres miembros de Nuestra Tierra, dos del PP, uno del PSOE, otro de Vox, y otra no adscrita que fue de Por Ávila.