El encuentro, que tuvo lugar el martes, se produjo entre la teniente de alcalde de Hacienda, Ángela García Almeida, y el presidente de CEOE Ávila, Diego Díez, que acudió con la secretaria general técnica de la organización, Susana Bello.

Entre las alegaciones presentadas por CEOE Ávila, se encuentra la oposición a la anunciada subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), un 7%, tras el acuerdo alcanzado entre Por Ávila y Vox.

Para la patronal, se trata de un incremento "totalmente desproporcionado, agravado por el hecho de que la base imponible está constituida por el valor marcado en la revisión catastral de 2009, la cual estableció valores muy superiores y alejados de la realidad inmobiliaria actual".

Por ello, los representantes de los empresarios abulenses han defendido que esta medida "no tiene relación con la capacidad económica de los administrados" y "parece tener una intención claramente recaudatoria", por lo que se ha pedido al Ayuntamiento que "mejore su gestión económica con otras medidas como planes de saneamiento" y que aplique "mayor austeridad en el gasto para sanear sus cuentas".

Residuos

En otras de las alegaciones, la patronal ha demandado la modificación total de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos, al considerar que "no es de recibo que, constituyendo el hecho imponible la prestación del servicio de recogida y transporte de los residuos domésticos y comerciales, las tarifas vengan establecidas en la mayoría de los casos en función de la superficie de los locales en donde se ejerce una actividad industrial, cuando lo lógico sería que vinieran establecidas en función de la cantidad de residuos generados".

Teniendo en cuenta que las empresas de los polígonos industriales deben gestionar por sí mismas sus residuos, CEOE Ávila cree que "procede el establecimiento de una cuota tributaria para las mismas, ya que no se les va a prestar el servicio".

 
Por ello, CEOE ha pedido que "se exima de esta tasa a todas las empresas ubicadas en los polígonos industriales, salvo que, en conformidad con lo estipulado en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se proceda a la recogida de los residuos domésticos o asimilables generados 
en las empresas de los polígonos".

 
En este caso, se trataría de los residuos derivados de las oficinas, por lo que la cuota tributaria vendría establecida "en función de los metros cuadrados dedicados a oficinas y no en función de los metros cuadrados totales de las empresas, siguiendo el ejemplo de otros ayuntamientos, como el de Valladolid".

 
Por otro lado, la organización empresarial ha propuesto incluir en esta ordenanza un "apartado específico" para los sujetos pasivos que realicen varias actividades profesionales o empresariales en una misma referencia catastral, cuando una misma figura como el domicilio fiscal de varias sociedades o actividades profesionales. Y ello, para que se proponga una tasa "adecuada a los metros cuadrados imputables en cada caso".

 
En cuanto a la tasa por estacionamiento de vehículos en las zonas reguladas por el servicio ORA, la patronal ha solicitado la congelación de las tarifas que afectan a la actividad empresarial ante la anunciada subida del 20%, para no incrementar la presión fiscal sufrida por los vehículos de uso empresarial, al sumarse este incremento al encarecimiento del impuesto de vehículos de tracción mecánica, la entrada de vehículos a través de las aceras o los impuestos que gravan la gasolina.