El acto, en la noche del sábado, consistió en la lectura de un manifiesto en favor de la abolición universal de la pena capital. "La pena de muerte viola el derecho a la vida, uno de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos", destacaron los organizadores. La actividad refleja un compromiso con la erradicación de un castigo que calificaron como "inhumano y cruel".

El Día Internacional de Ciudades por la Vida recuerda un hito histórico: la abolición de la pena de muerte en el Gran Ducado de Toscana el 30 de noviembre de 1786, un hecho que marcó el inicio de un movimiento global. Más de dos siglos después, el camino hacia la eliminación total de este castigo sigue siendo desigual. Según datos recientes, 144 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica, lo que refleja un avance significativo a pesar de que persisten retos importantes, según han expuesto los representantes de la organización internacional, acompañados por la teniente de alcalde Ángela García Almeida.

China continúa liderando en número de ejecuciones, aunque la falta de transparencia impide conocer la verdadera magnitud del problema. En Irán, las cifras se dispararon el último año con 853 personas ejecutadas, un incremento del 50 % respecto al año anterior. Arabia Saudí también registró un aumento en las ejecuciones, mientras que Estados Unidos pasó de 18 a 24 condenas cumplidas en el último año. Por otro lado, países como Corea del Norte y Vietnam mantienen prácticas de pena de muerte, aunque los datos al respecto son opacos.

El acto de Ávila se suma a una serie de manifestaciones que tienen lugar alrededor del mundo en esta fecha, bajo la iniciativa de Ciudades por la Vida. Este movimiento busca involucrar a gobiernos locales y ciudadanos en la lucha por un mundo sin pena de muerte.

Amnistía Internacional, organización que lidera la campaña global contra la pena de muerte, insiste en que este castigo no solo es una violación de derechos fundamentales, sino que además carece de un efecto disuasorio probado y perpetúa sistemas de justicia marcados por la desigualdad. "Tanto los estados como los ciudadanos están demostrando cada vez más que la pena de muerte no tiene cabida en sociedades modernas y respetuosas de los derechos humanos", se ha puesto de manifiesto en el acto.