Una de ellas propone un aumento de la inversión en infraestructuras de reciclaje en los consorcios norte y sur para, entre otros objetivos, reducir la tasa que pagan los ciudadanos, ya que a su juicio “el recibo de la basura se puede bajar reciclando mejor”.

Desde su punto de vista, "esta insuficiente dotación ha limitado hasta ahora la capacidad de la provincia para tratar los residuos de forma efectiva", dando como resultado que "una gran parte de los desechos recolectados termina en vertederos, incumpliendo los objetivos de reciclaje que la Unión Europea ha exigido”.

Según la moción, los actuales centros de tratamiento "requieren una actualización urgente y una expansión de su capacidad operativa", ya que "la carencia de una red eficaz de reciclaje implica, no solo un incumplimiento normativo, sino también un impacto financiero directo sobre los habitantes y negocios de la provincia”.

En la misma proposición, el PSOE solicita al Pleno el desarrollo de un plan provincial de reducción de residuos y educación ambiental; el apoyo a la economía circular; el control y seguimiento de la gestión de residuos, con la creación de un comité de supervisión dentro de la Diputación; y la  cooperación con administraciones regionales y nacionales.

Retirada de amianto

La segunda moción de los socialistas señala que la provincia de Ávila cuenta con multitud de edificios públicos, construidos en la época de mayor uso del amianto", albergando en su interior tuberías e instalaciones recubiertas de este material, que "comienza a ser más peligroso cuando envejece y van desprendiéndose partículas que pueden inhalarse o llegar al ser humano de diversas formas". Entre estas construcciones se encuentran también un "considerable número" de instalaciones municipales de la provincia.

“La mayoría de los Ayuntamientos están sufriendo demoras en el cumplimiento de la normativa y este retraso afectará a los siguientes requerimientos, que fijan en 2028 como fecha límite para retirar el amianto en instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo", señala el PSOE, antes de recordar que el plazo máximo para abordar el resto de las edificaciones, según marca las recomendaciones de la Comisión Económica y Social de la UE (CESE), es el año 2032.

Por ello, el PSOE propone que la Diputación de Ávila asuma directamente la elaboración del censo exigido por la ley y el calendario de retirada de amianto de los ayuntamientos de Ávila, así como la creación de una línea de ayudas para subvencionar la retirada de amianto en las instalaciones municipales de la provincia, erradicando el material y sus consecuencias para la salud.