Se trata de los consistorios de Adanero, Gotarrendura, La Horcajada, San Esteban del Valle, San Juan del Olmo, San Martín del Pimpollar y La Torre, todos de menos de un millar de habitantes.

El informe, presentado por su presidente, Mario Amilivia, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes autonómicas, analiza la situación de los 32 ayuntamientos de Castilla y León que acumulan más cuentas pendientes de rendición, entre los que se encuentran los citados siete abulenses.

El 56% de los ayuntamientos fiscalizados de la Comunidad (siete de Ávila, cinco de Salamanca, tres de Zamora, dos de Segovia y Cacabelos en León) manifestaron que no reciben la asistencia técnica de la Diputación mediante el suministro de programas informáticos para la contabilidad. Mientras que las diputaciones de Salamanca y Segovia informaron en sentido contrario.

Por eso, se considera que las ocho diputaciones y la comarca del Bierzo a las que pertenecen los 32 ayuntamientos fiscalizados, deberían acometer medidas de seguimiento específicas, incrementando su nivel asistencial para que las entidades afectadas cumplan la obligada rendición de cuentas.

Según el informe, el problema que se encuentran estos ayuntamientos para cumplir sus obligaciones radica en la limitación de recursos, como la escasez de personal, con un solo funcionario habilitado nacional, que debe gestionar diferentes tareas, y retrasos en el registro contable.

También aducen la falta de medios informáticos y conectividad, lo que les complica la generación y el envío de los archivos contables requeridos.

En este sentido, a requerimiento del Consejo de Cuentas, los siete ayuntamientos de la provincia fiscalizados han manifestado no recibir asistencia técnica de la Diputación mediante el suministro de programas informáticos para la contabilidad.

Para los siete municipios de Ávila incluidos en el informe, “la situación supone un desafío adicional”, según señala el informe, ya que la falta de rendición de cuentas afecta no solo su cumplimiento normativo sino también su acceso al Fondo de Cooperación Local, que está condicionado a la presentación de una declaración de responsabilidad de rendición de cuentas al Consejo de Cuentas dentro del plazo legal.

Entre las recomendaciones para los municipios afectados que realiza el Consejo de Cuentas destaca que “el pleno de la corporación debería intensificar sus acciones de control respecto al puntual cumplimiento de los plazos relacionados con el ciclo presupuestario y contable”.

También considera el consejo que la Diputación debería “acometer medidas de seguimiento específicas, incrementando su nivel asistencial para que las entidades afectadas cumplan la obligada rendición de cuentas”.

Además, cree que la Junta de Castilla y León “debería revisar las autorizaciones de acumulaciones conferidas a los funcionarios de habilitación nacional en aquellos supuestos en los que la entidad principal o el ayuntamiento acumulado dejen de rendir las cuentas de más de un ejercicio o incurran en incumplimiento del ciclo presupuestario”.