Tras la reunión de CEOE con el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, un comunicado dice que el servicio de telefonía móvil y de internet de banda ancha en el territorio español, y, por tanto, en la provincia, “es provisto exclusivamente por las empresas operadoras privadas, de manera que las incidencias relacionadas con la prestación del servicio son únicamente responsabilidad única del operador”.

Así las cosas, según la Subdelegación del Gobierno, “las reclamaciones de los usuarios por un servicio deficiente deben ser atendidas por el operador y, si es el caso, derivar en una indemnización por parte del operador”.

Lo que sí puede hacer la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Ávila, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, es “facilitar a los ayuntamientos la tramitación de escritos que reúnan de manera conjunta las diferentes reclamaciones de todos los vecinos afectados (DNI, nombre y firma)”, con lo que se ayuda a presentar las reclamaciones de personas que, “por avanzada edad, brecha digital u otras razones puedan tener dificultades para tramitarla”.

Por tanto, el Gobierno “si tiene competencia en la resolución de la reclamación, pero no sobre la prestación del servicio que hace la operadora”, aclara la Subdelegación.

Cuando hay controversia entre usuario y operador sobre la indemnización, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública dispone de una oficina de atención a los usuarios de las telecomunicaciones para atender dichas reclamaciones e intermediar para su resolución, bien a través del portal web de la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones o a través de los teléfonos 91 030 54 18 y 901 33 66 99.