Lastra explicó a representantes locales, cargos institucionales y militantes del PSOE el nuevo marco legal impulsado por directivas europeas.

La Ley 7/2022, que tiene como fecha límite de aplicación en abril de 2025, introduce un impuesto disuasorio que penaliza cada tonelada de residuos mal gestionada por los consorcios locales. Este gravamen recaerá sobre los desechos acumulados en vertederos que no sean reciclables ni compostables, como medida para reducir el impacto ambiental. En palabras de Lastra, “La lógica de esta ley y la lógica que impera en Europa es la de mejorar la gestión y el que contamina paga, por lo tanto, es exigible decirle al gestor ‘Hágalo usted bien’, reduzca, clasifique, recicle y repare, antes de tirar el residuo a un vertedero y provocar una contaminación de miles de años”.

La normativa busca fomentar la reutilización y reciclaje mediante el principio de la responsabilidad ampliada del productor. Gracias a este esquema, residuos reciclados a través de sistemas como Ecoembes y Ecovidrio generan ingresos que revierten en las administraciones encargadas de la gestión de estos materiales, a diferencia de aquellos que se destinan al vertedero, los cuales se enfrentan a la citada penalización.

Durante el evento, Lastra también recordó que este impuesto disuasorio responde a la advertencia de la Comisión Europea, que en 2018 señaló a España por no alcanzar los objetivos de reciclaje y reutilización para los años 2020, 2025 y 2035. De no lograrse estas metas, el Estado español podría enfrentarse a sanciones millonarias, con posibles repercusiones indirectas en las autonomías y entidades locales.

Ante esta situación, el PSOE ha instado a la Diputación y a los ayuntamientos que aún no han actualizado sus sistemas de gestión de residuos a acelerar la modernización para evitar que las sanciones derivadas de estas prácticas se traduzcan en un incremento de las tasas de basura para los ciudadanos.